--¿Cómo acude a la citación en el juzgado por las ocupaciones de la urbanización inacabada de Los Alamos, en el barrio del Prado?

--Con mucha dignidad, porque tanto yo como los otros compañeros evidentemente reconocemos que ocupamos aquellos edificios, que llevaban cinco años vacíos, y no entendemos cómo puede haber gente que no tiene casa y 214 viviendas en este caso abandonadas.

--¿Le preocupan las posibles consecuencias jurídicas?

--No, porque es un juicio político. Es una cuestión de intentar que no sigamos con nuestra lucha, que es una lucha digna. No tenemos ningún problema, si nos condenaran, lo asumiríamos, porque estamos conformes con lo que hemos hecho y lo volveríamos a hacer.

--Justo se cumple un año de la polémica que suscitó su supuesta participación en un asalto al colegio de Los Salesianos. ¿Cómo está ese asunto?

--Está parado. Fue también una cuestión política, porque un medio de comunicación se inventó esa noticia, que llevó a la detención de cuatro personas en Mérida. A día de hoy, ha habido una serie de declaraciones en la Fiscalía, porque hay bastante gente implicada, y los propios policías han declarado que el asalto no existió y que nadie dijo "¿dónde están los curas, que los vamos a quemar?", como dijimos desde el principio. Que la Policía haya declarado la verdad, que aquello no existió, significa que aquello está parado y que nuestro abogado ha solicitado que se archive. Incluso los que supuestamente sufrieron los asaltos, no han ido a declarar. Fue una cosa que vino desde arriba, creada por un medio de comunicación, que creó mucha polémica, pero que a día de hoy ha quedado parado.

--Sí se celebró el juicio por la denuncia de un mensaje en su Twitter que se refería al nombramiento de Javier Peinado como secretario de la Confederación de Empresarios Extremeños, expresando "contra la patronal, amonal". ¿Qué ocurrió?

--Me condenaron, pero yo iba condenado de antemano, porque no se presentó ninguna prueba. Si hubiera sido un juicio normal, ellos tendrían que haber demostrado que yo escribí ese tuit. No demostraron nada, ni siquiera se requirió identificar la IP desde donde se escribió. De prueba, presentaron la fotocopia de un periódico. Yo lo negué, porque a mi cuenta de Twitter tiene acceso más gente, pero me condenaron a una multa de 120 euros, aunque la propia jueza reconoció que apenas había pruebas.

--¿Fue denunciado también por su participación en la Acampada Dignidad?

--En ese caso, no me ha tocado a mí, sino a otros tres compañeros, a los que piden 1.500 euros a cada uno. En todo caso, se ha recurrido y creemos que se retirará la denuncia, porque se les acusa de repartir propaganda ilegal, lo cual nos parece absurdo.

--Afectado por tantas causas judiciales o denuncias, alguna vez ha planteado que se siente "señalado". ¿En qué se basa?

--Porque ahora mismo, de toda la gente que se mueve en torno al Campamento Dignidad, hay unos 12 compañeros denunciados por la Delegación del Gobierno. Porque hemos recibido cartas acusándonos de participar en manifestaciones, acusándonos de cosas banales que no hemos hecho. Hemos llegado al punto de que una compañera reciba una denuncia por participar en una manifestación del Día de Extremadura, cuando ni siquiera estaba en Mérida. Eso demuestra que la Policía tiene una lista negra y nos denuncia, por orden de la delegación, por cualquier cosa que hagamos para ver si dejamos de reivindicar los derechos en la calle.

--¿Cuál es su respuesta?

--Seguir trabajando. Hemos iniciado una campaña de autoinculpaciones. Por ejemplo, ante la citación judicial que tenemos el miércoles, mucha gente que apoya el trabajo del Campamento Dignidad, y que sabe que nos han denunciado porque somos un poquillo más cabezas visibles, están firmando unas autoinculpaciones diciendo que también han estado en Los Alamos y que les abran el procedimiento como a los 11 compañeros.