El exgerente de la empresa municipal Transportes Urbanos de Mérida, Prudencio González, reclama al equipo de gobierno 205.000 euros --unos 34 millones de pesetas-- de indemnización por despido, después de haber pasado seis años en el cargo. El asunto está en manos del Juzgado de lo Social de Mérida, y hace escasos días se fijó un acto de conciliación al que los miembros socialistas del consejo de administración de la empresa no se presentaron. La presidenta del consejo, la concejala Mercedes Moyano, dijo ayer que la cantidad que pide no tiene justificación, ya que "no dice en base a qué", sino que se fija en el "contrato blindado" que ella misma denunció el pasado mes de julio.
A este respecto, conviene recordar que González ocupaba el cargo de gerente de la empresa desde mayo del 2001 y lo ha mantenido hasta este verano, ya que el PSOE nombró en julio a José María Ceballos nuevo responsable de Transportes Urbanos una vez que ganó las elecciones. La polémica saltó hace un mes y medio cuando los socialistas sacaron a la luz un contrato de González --aprobado en una reunión en junio del 2006 por el anterior consejo de administración y en la que el PSOE no estuvo presente, y validado en el Sexpe el 13 de abril pasado-- según el cuál, teniendo en cuenta los nuevos emolumentos fijados en él, trienios y otras cláusulas, el ayuntamiento debería abonarle 266.519 euros si le despedía.
Sin embargo, tal y como ratificó Moyano y mantiene ahora, el gobierno local no está dispuesto a desembolsar más de 12.000 euros en concepto de indemnización, basándose en el contrato del 2001 y no por el aprobado en junio del 2006, en el que establecía un sueldo que pasaba de 31.553 a 45.446 euros brutos al año, entre otras mejoras.
En cualquier caso, González, con el que este periódico intentó ayer contactar, aunque sin éxito, para conocer su opinión, negó entonces las cláusulas de ese contrato difundidas por el PSOE. "Por contrato me pertenecen 48.000 euros, casi ocho millones de pesetas", aseguró.
