El equipo de gobierno ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida que anulaba el nombramiento del interventor municipal. "Una sentencia, que mientras no adquiera firmeza, no tiene eficacia alguna, por lo que el nombramiento del interventor sigue siendo válido, no afectándole el mencionado pronunciamiento judicial", según una nota del ayuntamiento.
De esta forma respondió el consistorio a las declaraciones realizadas por el portavoz del grupo socialista, Angel Calle, quien aseguró que dicha sentencia "anulaba el nombramiento del interventor".
Además, desde el consistorio se aseguró que el actual interventor posee la titulación "suficiente".
En cuanto al origen del conflicto, explican que se inició en el año 2005, cuando la plaza de interventor municipal quedó vacante. Dos personas rechazaron el ofrecimiento y una tercera renunció a continuar en la comisión de servicio, por lo que ante la "urgente necesidad de cubrir el puesto, el ayuntamiento habilitó a un funcionario municipal", recuerdan.
