El registrador de la propiedad ha suspendido la cesión de terrenos que el anterior equipo de gobierno acordó para que fuesen aprovechados por la empresa adjudicataria de la gestión de la ciudad deportiva (Sidecu), situados cerca de la Academia de la Guardia Civil. El suelo está valorado en 20.032.500 euros. En cualquier caso, el alcalde Angel Calle explicó ayer que ambas partes buscan soluciones mediante el diálogo, ya que Sidecu opina que no es la responsable.
Las razones esgrimidas por el registrador, y que ayer fueron hechas públicas por Calle, son que no existe constancia alguna de que esos terrenos sean propiedad del ayuntamiento, por lo tanto no se pueden transmitir a un tercero. Además, cuando se firmó la concesión del suelo, el alcalde anterior, Pedro Acedo, estaba en funciones, por lo que solo podía realizar actos ordinarios y en ningún caso actuaciones relacionadas con este tema.
MAS ARGUMENTOS Otro motivo por el que se suspende esa cesión es que el órgano competente para hacer este tipo de operaciones es la junta de gobierno local y no la gerencia de Urbanismo, como así ocurrió, dijo Calle.
Por lo tanto, se considera nulo este acto porque el alcalde no tenía facultades para ello y por no destinarse los bienes que se iban a ceder a los fines que marca la ley de suelo y ordenación del territorio de Extremadura (Lesotex). Además, las unidades de aprovechamiento urbanístico no están cuantificadas.
Ante esta situación, Calle aseguró que se va a revisar el expediente en su totalidad por motivos de nulidad además de declarar la lesividad, por ser económicamente perjudicial para los intereses del ayuntamiento. También van a dialogar con la empresa para llegar a un arreglo consensuado entre las partes, sin que eso entorpezca los trámites para legalizar el procedimiento. Por su parte, la empresa está en disposición de dialogar, pero no se considera la responsable.
RAIZ DEL PROBLEMA El origen de este conflicto surge tras la cesión de un terreno a Sidecu para hacer las obras, además del suelo para construir ahora suspendida, y del pago de 480.000 euros al año durante 40 años.
El problema, según Calle es que nunca llegó a hacerse un estudio de viabilidad económica por parte del consistorio para saber de antemano los costes, la amortización, la conveniencia de pedir ayudas o solicitar créditos. En este sentido, el único informe que se tuvo en cuenta fue el presentado por la empresa adjudicataria. Por ello, "nunca se analizó el coste de las obras, la estimación de los ingresos, la cantidad anual que el ayuntamiento le ha de pagar, la cantidad y calidad de los servicios a prestar y la aportación en especia del ayuntamiento", aclaró.
Con esta operación, el alcalde considera que lo que quiso el equipo de gobierno anterior es "compensar a los propietarios de los terrenos que carecen de la posibilidad de edificar en los mismos por haber sido destinados a sistemas generales en el Plan General de Ordenación Urbana", pero estas compensaciones, dijo, se deben hacer mediante los registros de transferencias de aprovechamientos "y en Mérida no existen".
