Hace ya más de 30 años que se designó a Mérida como capital autonómica de Extremadura y sede oficial de la Delegación del Gobierno en la comunidad, como así lo recoge la Ley 17/83 de 16 de noviembre, en sus artículos 2 y 4, y la Ley 6/97 del 14 de abril, en su artículo 22.3.
En los mismos, se lee textualmente que "la Delegación del Gobierno ha de tener su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosa". Y que sepamos, el Gobierno y el Parlamento extremeño están aquí, y el Consejo de Ministros hasta ahora, no se ha pronunciado en contra; es decir, que el delegado del Gobierno no está donde debe estar y los políticos de turno están despreciando las leyes y mofándose del pueblo que los votó. ¿Qué es lo que pasa con Mérida?
No pretendo echarle la bulla a nadie en concreto, ni a los del Partido Popular, porque son los responsables directos en la actualidad, ni a los socialistas, que estuvieron gobernando más de 28 años. Por razones que repudiamos la Delegación del Gobierno en esta comunidad continúa estando en Badajoz y no sabemos si al final tendremos que seguir echándole la culpa al antiguo alcalde pacense, el señor Celdrán , que un día poco afortunado (en los primeros años de la democracia) se atrevió a decir que para que el delegado del Gobierno se fuera de Badajoz, tendríamos que pasar "por encima de su cadáver". ¡Qué bonito, pero que axiomático!
Lo cierto y evidente es que los emeritenses continuamos soportando esta irresponsabilidad de los que gobiernan. En Cáceres no dicen nada, porque se mantiene allí a la subdelegación de su provincia. En Badajoz callan por partida doble, ya que mantienen al delegado y hasta al subdelegado, es decir, que si queremos caldo, dos tazas . Al paso que vamos, en Mérida nos quedaremos sin Gobierno, sin Parlamento y por supuesto hasta sin presidente, ya que renunció a la residencia oficial en Mérida, según dice, "para ahorrar en gastos". ¿Concluyente o no?
