El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 2, de Mérida ha estimado el recurso interpuesto por Pilar Vargas contra la orden del concejal de Recursos Humanos, Juan Espino, que reguló el proceso de funcionarización para el personal laboral fijo del consistorio. El juzgado ha determinado que el gobierno no está habilitado para convertir a estos trabajadores en funcionarios --sin cumplir las prerrogativas de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público--, porque no queda acreditada la identificación de los puestos que tuvieran previsto cubrir con este personal. Esto deja "en el aire", apuntó la portavoz popular, a estos 131 trabajadores que obtuvieron estas "plazas fantasma".
Pilar Vargas ha calificado la actuación del gobierno municipal de "chapucera" y "descaradamente ilegal" y ha afirmado que "no les ha importado perjudicar a los emeritenses con este concurso cerrado". En septiembre, el grupo popular presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para pedir la "dimisión inmediata" del concejal Juan Espino, ya que "ha existido malversación de fondos públicos y se han pagado las nóminas de unas plazas que no existen".
La portavoz del PP ha hecho hincapié en que esos trabajadores fijos no necesitaban un puesto de funcionario, puesto que ya cuentan con unos empleos estables y ha asegurado que "el objetivo ha sido colocar a los afines al PSOE en el ayuntamiento" y ha pedido al alcalde, Angel Calle, que ponga freno "de una vez por todas a su mala gestión".
RESPUESTA DEL GOBIERNO Por su parte, el alcalde, Angel Calle; el jefe de personal, Pedro María Rodríguez; y el delegado de Recursos Humanos, Juan Espino, han querido aclarar esta sentencia y defenderse de las acusaciones. Rodríguez ha explicado que el proceso de funcionarización, que se inició el pasado 20 de febrero, fue consensuado con la Junta de Extremadura y el fallo de la sentencia no se refiere al proceso, sino a que no se habían identificado las plazas.
Ante esta situación, el gobierno ha estudiado dos posibilidades de actuación que ha explicado Calle: la primera es recurrir la sentencia, algo que no harán porque el Tribunal de Justicia tardaría unos dos años en dar respuesta y no quieren "dejar abierto el proceso durante tanto tiempo"; la segunda opción es seguir las pautas que marca la sentencia y "corregir" y "seguir insistiendo" en el problema de la identificación de las plazas.
La mayoría de estos puestos corresponden a personas que llevan hasta 25 años trabajando en el ayuntamiento y Calle ha confirmado que "hay que solucionar este proceso para la tranquilidad de los trabajadores". Además, el alcalde ha lamentado que "se seguirá judicializando la vida política" y que estas situaciones solo "contribuyen al desprestigio de la clase política".
Por último, el delegado de Recursos Humanos, Juan Espino ha aclarado que estos trabajadores ocupan "plazas en propiedad" y que, por lo tanto, no se trata de plazas vacantes. Además, ha explicado que los puestos "no tienen repercusión en la ciudadanía porque no se trata de una oferta abierta al público".
