La Confederación Española de Policía (CEP) ha propuesto que las sedes de la Junta y de la Asamblea sean vigiladas por empresas de seguridad privada o por agentes en segunda actividad. Esta medida tiene como fin paliar el déficit de agentes y garantizar que el cuerpo policial cuenta con efectivos suficientes para proteger la ciudad y las propias dependencias policiales, donde se da el caso de que la custodia de los calabozos recae sobre un único policía, cuando debe haber al menos dos por cada preso.
El Ministerio del Interior tiene aprobado un catálogo de 210 agentes para la ciudad, aunque a día de hoy solo se cuenta con 172, un 82% del total. A ello hay que restar los 30 agentes que se destinan a la vigilancia de las instituciones regionales propias de la capital extremeña, es decir, la Presidencia de la Junta, la residencia del presidente y la Asamblea. La plantilla de policías también se ve mermada por los funcionarios que, siendo adscritos a la comisaría emeritenses, desarrollan su labor en el 112.
Mención aparte destina el CEP a los equipos destinados a la protección del exmandatario regional Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que consideran "excesiva" para un expresidente regional. Aunque el número de efectivos destinados a este fin no puede revelarse por motivos de seguridad, según el sindicato policial es excesiva incluso para algunos políticos que al igual que Ibarra han sido igualmente amenazados por la banda terrorista y residen en el País Vasco.
