"Si el Tribunal Constitucional no nos ampara, solo nos quedará la pérdida de nuestros hijos, y la justicia sin cumplir". La frase es de Ana Collado, madre de Miguel Linde, uno de los dos chicos, junto a Miguel Angel Malpartida, que murieron en mayo de 2004 tras ser atropellados por un coche cuando circulaban en un ciclomotor por el puente Fernández Casado. En el interior del vehículo viajaba Miguel Antonio Benítez, que no se paró a socorrer a los chicos, que entonces tenían 17 y 16 años, respectivamente.

Hace unos días se conoció el fallo de la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado por el conductor, según el cual se ha reducido la condena inicial de cuatro años y nueve meses de cárcel a un año y nueve meses, por lo que no tendrá que ir a prisión. La sentencia, que ha indignado a los familiares, cambia la versión inicial sobre la iluminación del puente --ocurrió a las diez de la noche de un 29 de mayo--. Ahora se ha tenido en cuenta la declaración de un testigo que cuatro años después ha cambiado su relato original, y ahora duda de que las farolas estuvieran encendidas --el ciclomotor iba sin luces, y los chicos sin casco-- por lo que ya no se considera un homicidio imprudente.

"En mi vida profesional nunca había visto un caso igual", señala Manuel Novás, el abogado de las familias de los chicos. "Raro, extraño, asombro", son las palabras con las que define la decisión de la Audiencia Provincial, ya que cambia la condena basándose en un único testigo, que además es contradictorio con la declaración que ofreció tras el suceso, y que además confronta con la versión de numerosos testigos presenciales, entre ellos los agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Ana Collado va más allá y cree que hay "algo oculto" detrás de todo el proceso judicial, que no acierta a comprender. Testigos cuyo relato no es admitido o la pérdida de un mismo documento hasta en cinco ocasiones, son algunos de los hechos en los que se basa. También en la actitud del acusado, que lejos de pedir disculpas a los familiares "se ha burlado de nosotros", asegura.

La única opción judicial que les queda para tratar de que la persona causante de la muerte de sus hijos vaya a la cárcel es acudir al Tribunal Constitucional. Si lo hacen o no lo van a decidir esta semana. Pero son conscientes de que las posibilidades son muy reducidas.