Un total de 174 vecinos se quedaron ayer fuera de la adjudicación de 41 viviendas sociales vacantes y otras desalojadas por la Junta de Extremadura porque estaban ocupadas de forma ilegal. Al sorteo de estos inmuebles, celebrado en la biblioteca pública del Estado Jesús Delgado Valhondo, concurrían 215 aspirantes, que tras el mismo mostraron su alegría o su tristeza, e indignación en algunos casos, según la suerte obtenida. La gran mayoría de los pisos --que se entregan en régimen de alquiler-- están ubicados en la barriada de San Lázaro --en el conocido como grupo de las 180 viviendas-- y una mínima parte en otras zonas de la ciudad.

Se da la circunstancia de que muchos de estos aspirantes estaban ocupando uno de esos pisos de manera ilegal y que, tras entregar las llaves de forma voluntaria para poder aspirar al sorteo, se han quedado "en la calle", como se puso de manifiesto durante el acto de ayer. Sin embargo, la Agencia Extremeña de la Vivienda ha creado una lista de reserva para aquellas personas que no fueron ayer afortunadas con un piso y poder optar a otra promoción más adelante.

El de ayer fue el primer sorteo de este tipo de viviendas que la Junta realiza en la ciudad. La ocupación de las mimas se regirán según la unidad familiar de los adjudicatarios. es decir, que serán pisos más grandes cuantas más personas vayan a habitarlos.

UN LARGO PROCESO Este acto llegó tras un largo proceso que se remonta hace dos años, cuando la Agencia Extremeña de la Vivienda tramitó 118 expedientes sancionadores contra inquilinos de la barriada de San Lázaro, algunos de los cuales fueron de carácter judicial, ya que son fruto de denuncias realizadas por agentes de la Policía Nacional por ocupación ilegal de pisos.

Sólo en la barriada de San Lázaro, la Junta ha recuperado 30 viviendas ocupadas ilegalmente cuyos inquilinos se han ido voluntariamente, lo que les ha permitido presentarse a nuevos procesos de adjudicación.

Asimismo, se firmó un acuerdo con 58 familias residentes en otras zonas para que abandonen los pisos que ocuparon también ilegalmente.

Además, la Junta anunció entonces la puesta en marcha de un programa para subsanar los problemas que afectan a las urbanizaciones interiores de las viviendas. Los inmuebles sufrían un estado de degradación importante a consecuencia del uso inadecuado que hacían de ellos los vecinos que habitan en los bloques de la barriada, como obras no autorizadas en los bajos de los pisos y apertura de huecos hacia el exterior de los edificios.

A finales del pasado año, el Ayuntamiento de Mérida recibió 240 solicitudes para participar en el nuevo proceso de adjudicación de viviendas sociales abierto por la Agencia Extremeña de la Vivienda. De entre las peticiones, destacaba que apenas las hay de familias numerosas y que hay un elevado porcentaje de solteros. De todas ellos, finalmente fueron aprobadas 215, que correspondían a los aspirantes que optaban a una de las 41 viviendas sorteadas ayer.

Como en cualquier sorteo, hubo alegría en unos casos y decepción en otros. Incluso, entre las personas descontentas había comentarios sobre la falta de "justicia" que, según ellos, suponía quedarse fuera de obtener una vivienda. A este respecto, uno de los asistentes denunció que ninguno de sus tres hijos había resultado afortunado, pero "han entregado las llaves y ahora qué pasa, están en la calle. Esto es quitarle las casas a unos para dárselas a otros", lamentó.

"PACIENCIA Y DIALOGO" Sin embargo, Nicasio Vargas, asistente al sorteo como dirigente del colectivo gitano en la ciudad --la mayoría de las personas solicitantes de las viviendas sorteadas ayer son de etnia gitana-- rogó "paciencia y diálogo".

Por otro lado, señaló que "hay bastantes personas que no han entregado las llaves y cuando sean desahuciadas no tendrán derecho a una vivienda".