El juicio que se tenía que haber celebrado ayer en el Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz, para dirimir si el despido del exgerente de la Empresa Municipal de Transportes, Prudencio González, fue correcto o no fue suspendido al comenzar por un defecto procesal, ya que la defensa del exgerente no dio traslado al Ministerio Fiscal de la demanda presentada contra el ayuntamiento, algo obligatorio cuando se va a juzgar un despido nulo.

La defensa tiene ahora cuatro días de plazo para ampliar la demanda, y si en este tiempo no lo hace, el caso será archivado. En caso contrario, el juzgado señalará otra fecha para celebrar la vista oral, aunque ya no será hasta el primer trimestre del 2008.

La presencia del fiscal era necesaria también, según el abogado defensor, Santiago González, al considerar que además de ser nulo el despido, se habían vulnerado los derechos fundamentales de su representado "por acaso laboral y como garantía de indemnidad, ya que se está represaliando a Prudencio González por haber presentado una demanda contra el ayuntamiento".

UN UNICO TESTIGO Para el juicio, la defensa tenía previsto presentar solo un testigo, Manuel Gámez, expresidente del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes y exconcejal del PP del anterior gobierno popular y uno de los firmantes del contrato blindado del exgerente, pero no se presentó al acto.

En la demanda, el abogado de González pide que el despido de éste sea declarado nulo y, subsidiariamente, improcedente, además de reclamar una indemnización de 205.927 euros. En cambio, si el contrato blindado es considerado ajustado a derecho reclama que se le readmita en su puesto de trabajo y una indemnización de 185.783 euros por daños y perjuicios.

Por su parte, el ayuntamiento no contempla la situación de González como un despido sino como un cese de un alto cargo y defiende que al exgerente solo le corresponde una indemnización de 16.000 euros por la liquidación del contrato firmado en el 2001. También le pedirá que devuelva a las arcas municipales 36.742 euros de los 56.723 que cobró en la nómina de abril.

SEGUIR ADELANTE La presidenta actual del consejo de administración, Mercedes Moyano, manifestó, tras conocer la suspensión, que el equipo de gobierno seguirá adelante, "y si tenemos que recurrir, recurriremos para no tener que pagar la indemnización". También descartó llegar a cualquier acuerdo previo con el abogado del exgerente.

Por otro lado, el grupo municipal popular volvió a solicitar al equipo de gobierno que explique por qué no acudió al acto de conciliación con el exgerente, ya que considera que esa ausencia "impide ahora reclamar en el juicio lo que cobró de manera indebida".

También replica que el gobierno del Partido Socialista no ha llevado a nadie a juicio, "sino que ha sido el exgerente quien ha demandado al ayuntamiento, es decir, a la Empresa Municipal de Transportes".

Además, los populares consideran que el hecho de que el consistorio no conteste a los escritos presentados por el PP al alcalde, "en los que se le ha facilitado toda la defensa al ayuntamiento, demuestra que el PSOE desea perder el pleito".

Asimismo, aseguran que el grupo popular ha solicitado a Prudencio González que desista de la demanda, "en persona y a través de la prensa, porque no tiene derecho a ella".

En cuanto a la posibilidad de que el PP se personase como acusación particular contra el exgerente, como había sugerido el equipo de gobierno ante los escritos que le enviaban, manifiestan que el PSOE desconoce "que en el procedimiento laboral iniciado por el exgerente contra la empresa de transportes no cabe acusación particular de ninguna clases".

En este sentido, se pregunta "¿qué proceso penal existe incoado y en qué Juzgado de Instrucción contra el exgerente para que alguien pueda personarse como tal acusación?".