La Junta de Extremadura ha comenzado a tapiar 19 viviendas de la barriada de San Lázaro. Se trata de pisos sociales cuya titularidad corresponde a la Consejería de Fomento y que están deshabitadas desde la semana pasada. Sus inquilinos eran todos miembros de la familia acusada de provocar las dos muertes que se registraron en el tiroteo del pasado miércoles.
Con este cierre provisional la Consejería de Fomento pretende evitar nuevos incidentes como los ocurridos en los últimos días. Según ha podido saber este diario, muchas de estas viviendas han sido saqueadas -sus inquilinos se marcharon "con lo puesto", según han indicado a este diario- e incluso una de ellas sufrió ayer un incendio, al parecer intencionado, en el que se produjeron daños materiales en una terraza.
Desde Fomento señalan que se van a iniciar los trámites para recuperar estas viviendas para poner en marcha los expedientes para entregarlas a nuevas familias que cumplan con los requisitos, aunque esto puede demorarse en el tiempo, puesto que antes será necesario rehabilitar los inmuebles, lo que dependerá de la disponibilidad presupuestaria.
La Administración regional ha solicitado la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía para que se eviten nuevos destrozos en las viviendas abandonadas por la familia.
