El Ayuntamiento de Mérida ha tramitado en lo que va de año más de 300 expedientes en materia de disciplina urbanística, incluidas las pintadas vandálicas y la cartelería ilegal, de los que 144 están ya en vías de ejecución. En el caso de las pintadas, esto significa que si los titulares de los inmuebles y locales no cumplen con la normativa de limpieza o adecentamiento, el ayuntamiento lo hace de oficio. Una vez realizados estos trabajos, y concluido el expediente, se pasa la factura a los propietarios.

«Son muy complejos los trámites y ya los hemos acortado en esta legislatura, pero no se pueden acortar más los procedimientos porque también perjudicarían a los propietarios», explicó ayer la portavoz municipal, Carmen Yáñez.

La delegada se refirió así durante el debate de una proposición del grupo municipal Vox para acometer una actuación urgente contra las pintadas vandálicas y cartelería ilegal, y que fue rechazada en votación. El portavoz de la formación, Ángel Pelayo, afirmó que estas dos acciones ilegales suponen un «problema endémico» para la ciudad». A su juicio, se deben de facilitar las intervenciones de limpieza, agilizar los procedimientos administrativos, agravar las cuantías sancionadoras y aumentar la vigilancia policial. «También es necesario concienciación, porque las pintadas las llevan a cabo los jóvenes», manifestó el edil.

Sobre este asunto, Yáñez recordó que en el contrato con FCC, la concesionaria del servicio de limpieza, se recoge la limpieza de las pintadas de los edificios de titularidad municipal. «Se está cumpliendo, pero podemos mejorar la rapidez y eficacia», afirmó. «El ayuntamiento, sin haber ejecutado un expediente de disciplina urbanística, no puede limpiar una propiedad privada», subrayó.

Entre otras cuestiones, no salió a delante la proposición de Unidas por Mérida para modificar el nombre de la avenida Juan Carlos I, por avenida 8 de Marzo. Por contra, fue aprobada por unanimidad la del PP para instar al equipo de gobierno a incluir, en los futuros presupuestos, partidas para adecuar y reparar pasos peatonales sobreelevados y reductores de velocidad, adaptando sus características a la normativa vigente.