El Tribunal de Cuentas ha concluido la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas por una auditoría encargada por el gobierno local de Ángel Calle relativas a actuaciones llevadas a cabo durante el mandato de su predecesor, Pedro Acedo, en los años 2003 y 2007. En un acta fechada el pasado 27 de septiembre, el tribunal concluye que no existe responsabilidad contable alguna en los casos analizados, seis de ellos deducidos de la gestión de la Empresa de Transportes Urbanos, y otros cuatro por la gestión urbanística municipal.
El actual equipo de Gobierno ya ha valorado la resolución. El portavoz municipal, Fernando Molina, ha señalado en rueda de prensa que el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que la auditoría, realizada por ATD Consultores por un importe de 98.000 euros, fue una "chapuza", y ha añadido que los responsables políticos del PSOE, con el anterior alcalde a la cabeza, Ángel Calle, su secretario general, Ignacio Sánchez Amor, y la actual portavoz municipal, Estrella Gordillo, deberían dar explicaciones al respecto. Asimismo, Molina no ha cerrado la puerta a la posibilidad de reclamar en vía judicial responsabilidades por el "daño moral" que han sufrido políticos del PP y técnicos municipales con este asunto.
Dado que la auditoría forma parte de la denuncia del PSOE contra 36 personas por una presunta trama para el enriquecimiento personal y lucrativo durante los anteriores mandatos de Pedro Acedo, Molina sostiene que el Tribunal de Cuentas, con esta resolución, da "amparo al gobierno del PP" puesto que "desmonta" la "novela" creada por los socialistas con la intención de sacar tajada electoral.
Cabe resaltar que el acta del Tribunal de Cuentas indica que no hubo delitos de responsabilidad contable por ejemplo, en el caso de las facturas pagadas a empresas de servicios jurídicos como Selex o Brachtoon Enterprises, puesto que existe soporte documental de los pagos a los proveedores. En este sentido, Molina ha señalado que ha quedado "libre de sospecha" la gestión económica del PP en la legislatura 2003-2007.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no entra a enjuiciar ninguno de los delitos denunciados por el PSOE. Así lo ha indicado, en declaraciones a EL PERIÓDICO, el secretario general del PSOE de Mérida, Ignacio Sánchez Amor, quien ha subrayado que esta resolución "nada tiene que ver con el pleito" por el que se iniciarán la declaraciones de los dos primeros implicados dentro de diez días, y que, según dijo, seguirá adelante.
En este caso, el fiscal ha detectado indicios de prevaricación, cohecho, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Por este motivo el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a Ángel Acedo, hermano del primer edil emeritense, el próximo 17, y a Pilar Vargas, una semana después.
Asimismo, Sánchez Amor ha pedido al equipo de Gobierno del PP, ahora que el Tribunal ha legitimado los pagos a las citadas empresas de servicios jurídicos, que explique quién estaba detrás de ellas y con qué fin se le pagaron casi 150.000 euros.
