Una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Extremadura ha ratificado los errores detectados en la ponencia de valores catastrales en vigor desde el año pasado. Este organismo, con sede en Badajoz y dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha comenzado a notificar el fallo a las más de 600 personas que recurrieron el denominado 'catastrazo', que serán quienes ahora se beneficien, en virtud de esta sentencia, de una nueva valoración de sus inmuebles en la que se les aplicarán los valores recogidos en la anterior ponencia.

El valor catastral de un inmueble sirve como referencia para el cálculo de la cuota de la contribución (IBI), así como para el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía). También se toma como base para el impuesto de Transmisiones Patrimoniales en caso de compraventa.

El equipo de Gobierno municipal, quien ya denunció la existencia de errores en la ponencia que vulneraban los derechos de los ciudadanos cuando aún estaba en la oposición, ha manifestado su satisfacción por el fallo del citado tribunal. "Con esta resolución comienzan a restituirse las desigualdades que provocaba la ponencia", señala el portavoz municipal, Fernando Molina, aunque "de momento solo servirá para quienes reclamaron", añade. En cualquier caso, el ayuntamiento emeritense continuará trabajando con el fin de velar por los intereses de quienes no reclamaron en tiempo y forma "por falta de conocimiento o capacidad económica", señala Molina.

De hecho, el pasado martes dio cuenta tras la reunión de la Junta de Gobierno Local de la elaboración de un informe realizado por técnicos municipales en el que se recogen todos los fallos detectados en la ponencia. Dicho documento ha sido remitido a la Gerencia Provincial del Catastro, así como a la Dirección General del Catastro, en Madrid, con el que el gobierno local trata de demostrar "el despropósito causado, y que la única vía es la anulación de la actual ponencia y la realización de una nueva o, en su defecto, que se arbitren los mecanismos para que se corrijan todos los defectos detectados, y que sea ajustada a la realidad actual, siendo más justa y equitativa", señala.

Molina lamenta que esta sentencia no haya llegado unos días antes para haberla incluido en el escrito en el que se solicita una revisión total de los valores catastrales. No obstante, será trasladada a los citados organismos para que se tomen en consideración los argumentos planteados por el TEAR para dar la razón a quienes reclamaron, y entre los que señala que se han producido imprecisiones, indeterminaciones y omisiones.

Algunos de los casos que ha venido denunciado el PP se refieren a la existencia de casi 700 inmuebles sin valor de suelo, pisos del Plan 60.000 con más valor que viviendas nuevas de renta libre, empresas que pagan ahora menos que antes o inmuebles situados uno al lado del otro con cuotas muy dispares, con diferencias de hasta cuatro y cinco veces su valor.

Con la sentencia en la mano, Molina critica nuevamente la actuación del anterior equipo de Gobierno. La corporación socialista, señala, no debió haber retirado los recursos sobre casi 700 propiedades municipales, que según el portavoz municipal "sólo fueron utilizados como moneda de cambio política ante el Catastro para acallar así la presión ciudadana".

La intención de recurrir estos casos municipales era "dejar patente la mala aplicación de la ponencia y poder tener capacidad jurídica para continuar la reclamación". Según Molina, la retirada de las reclamaciones por parte del ayuntamiento fue "una equivocación del Partido Socialista que lo único que consiguió fue cerrar las puertas a cualquier litigio posterior a favor de los intereses de los particulares afectados".

Además, según los cálculos del equipo de Gobierno, se da la "paradoja" de que si hoy se aplicaran los valores catastrales anteriores a la ponencia actualmente en vigor, como recoge el fallo, las arcas municipales habrían ingresado dos millones de euros más.