El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a la Comisión Regional de Precios, órgano colegiado del que forma parte de la Junta de Extremadura, al considerar injustificada la subida de las tarifas del agua, aprobada por el Ayuntamiento de Mérida hace tres años, según informó ayer el Ejecutivo regional.
Los hechos se remontan a diciembre del 2003, cuando se sometió a autorización por la Comisión de Precios la subida de las tarifas del agua de Mérida aprobadas previamente por el ayuntamiento. La Comisión de Precios, como órgano regulador de los precios públicos, no autorizó las tarifas, al considerar que la subida propuesta no estaba justificada por un incremento en la misma proporción de los costes del servicio que gestiona la empresa Aqualia.
Este órgano argumentó que el incremento propuesto superaba con creces el IPC del sector, y además se incluían entre los costes del servicio, como justificante de la subida de las tarifas, algunos costes que no tenían este carácter, como la amortización del canon anticipado que tuvo que abonar la concesionaria.
El consistorio interpuso un recurso de alzada, que desestimó la Consejería de Economía y Trabajo, por lo que acudió al contencioso administrativo, que ahora ha fallado en su contra.
El TSJEx dice que sobre la potestad tarifaria de los ayuntamientos prevalece la de ordenación y control de la economía, sobre todo de la inflación.
