La organización agraria La Unión anuncia que pedirá a la Junta de Extremadura toda la documentación correspondiente al proyecto de construcción de una planta azucarera en Mérida "que garanticen que todo lo prometido sobre la puesta en marcha de esta industria no ha sido más que un burdo engaño electoral".

En una nota de prensa, esta organización justifica esta petición en las declaraciones de ayer del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en las que "ha venido a reconocer que las posibilidades de dicha instalación en estos momentos son nulas". De hecho, Osuna llevará al pleno del próximo jueves que se retire la declaración de utilidad pública del proyecto, que incluye bonificaciones fiscales para la empresa.

La Unión recuerda que la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, llegó a asegurar que se había firmado un convenio con la empresa para poner en marcha la producción en la región de más de 30.000 hectáreas para el cultivo de la remolacha y que se había creado una mesa de trabajo en la que estaban sentadas las organizaciones Apag-Asaja, Asaja Cáceres, Upa-Uce y Cooperativas Agroalimentarias.

"No se puede jugar de esta forma con los intereses y las ilusiones de los agricultores" que habían creído al presidente de la Junta y a su consejera y que las 30.000 hectáreas de cultivo alternativo vendrían a paliar la alternativa en las superficies que se están dejando de sembrar de arroz, de frutales o maíz por falta de rentabilidad. Por ello, la Unión asegura que van a solicitar al presidente de la Junta que se les remita copia del acuerdo firmado para la siembra de las 30.000 hectáreas anunciado por la consejera, así como las actas de la mesa que se había constituido para el estudio de dichas plantaciones.

En esta línea, la organización recuerda que el 4 de diciembre de 2018 se anunció "a bombo y platillo" el acuerdo entre la Junta de Extremadura y el grupo empresarial Al Khaleej Sugar para la instalación en Mérida de una industria de producción de azúcar de remolacha. También que el proyecto tenía previsto invertir más de 400 millones de euros y que tanto la Junta como el ayuntamiento "allanaron el camino con aprobación de recalificaciones y cambios de normativa para que este proyecto llegara a buen fin".