El Ayuntamiento de Mérida tiene detectados diez núcleos de viviendas construidas en suelo no urbanizable y, por tanto, ilegales. Todas ellas, o al menos la mayoría, tienen ahora la posibilidad de regular su situación, gracias a una modificación recogida en la Ley del Suelo de Extremadura.
Tras su reciente aprobación en el parlamento extremeño, la Delegación de Urbanismo se pondrá a disposición de los propietarios que deseen legalizar la situación de sus casas de campo. Para ello deberán recorrer un complicado y largo --y también costoso-- procedimiento, como ha venido informando este diario en las últimas fechas, que una vez concluido beneficiará tanto a la administración como al propietario de la vivienda.
Por un lado, el consistorio tendrá a su alcance una mejor ordenación del suelo de su extenso término municipal, así como una nueva fuente de ingresos, mediante la concesión de licencias y a través de la cesión, tal y como marca la ley, del 10% de los terrenos afectados. Más aún teniendo en cuenta que se establece la posibilidad, cuando no haya espacio suficiente, de canjearlo por su valor económico.
Por otro, los propietarios pasarán a tener una vivienda en suelo urbanizable, con lo que tendrá acceso a todos los servicios propios de las vías urbanas. De esta forma, podrá obtener la licencia de primera ocupación del inmueble, y por tanto cumplir con los requisitos para acceder al suministro eléctrico y de agua.
Aunque el consistorio desconoce el número de viviendas en esta situación, cuenta con una estimación de los núcleos de casas en suelo no urbano más importantes. De cara a su tramitación y al resultado final de la misma es importante diferenciar los que se encuentran afectados por figuras de protección ambiental o agrícola, del resto, puesto que solo estas últimas pueden optar a legalizar sus viviendas.
En esta situación se encuentran siete de los diez contornos definidos por los técnicos de Urbanismo. El más poblado, que aglutina a tres zonas diferentes, se encuentra en el conocido como Cerro de las Gallinas. En este punto, situado en la carretera de Don Alvaro, se ubican tres colectivos, como son los de Calabrias, Siete Colchones y Ronquilla, diseminados en terrenos desde el entorno de la barriada de San Andrés hasta la Tijera.
En igual condición están las que se sitúan en la zona de Archidona y Vicaría, cerca de la urbanización de pisos construidos en las traseras de Los Salesianos. También están en suelo rústico pero no protegidos los terrenos de la zona de Torrecillas, en la carretera de Valverde de Mérida, más allá del centro sociosanitario destinado a enfermos psiquiátricos; las del Camino de las Vías (cerca de la Ciudad Deportiva); así como la barriada de Carrión.
Por otro lado, los que están dentro de zonas protegidas, y que por tanto habrá viviendas en ellos ubicados que no podrán legalizarse, son los situados en la Sierra de Arroyo. En este emplazamiento las viviendas se dividen entre las fincas Las Macillas y Las Cabrerizas, que están afectadas por una zona de protección medioambiental. En igual situación están las viviendas de la zona de El Escobar, en la autovía A-5 en dirección a Badajoz, pero en este caso por usos agrícolas.
SIN PLAZOS La nueva Ley del Suelo extremeña no establece plazos para obligar a los propietarios de viviendas en suelo no urbanizable a legalizar su situación, por lo que el ritmo en el que se vaya avanzando en su aplicación dependerá del interés que despierte la medida entre los propios afectados. En la práctica, estará marcado por la capacidad de los interesados para ponerse de acuerdo. Teniendo en cuenta que en este asunto priman los intereses individuales (si tiene o no agua, luz, mejores o peores accesos, etc), podría demorarse durante años.
No obstante, esta situación no impide que la normativa actual se pueda aplicar, lo que puede derivar incluso en el derribo de cualquier vivienda construida en suelo no urbanizable. Fuentes consultadas por EL PERIODICO, reconocen que es muy complicado que las administraciones actúen en esta línea, y es muy difícil, aunque no imposible, que un conflicto se resuelva con una demolición. Asimismo, la administración tiene capacidad para paralizar nuevas construcciones, como ya ha ocurrido con urbanizaciones en ciernes, como en Las Pedernosas o las Majadas de Abajo, en la zona norte de la ciudad.
