La portavoz de grupo popular, Pilar Vargas, acusó ayer al equipo de gobierno de querer pagar la indemnización de 205.000 euros que pide al ayuntamiento el exgerente de la empresa de autobuses, Prudencio González, cuyo juicio por despido se celebrará mañana en Badajoz.

Vargas argumenta esta acusación al afirmar que el gobierno municipal del PSOE no ha respondido a ninguno de los cuatro escritos dirigidos al alcalde Angel Calle, (el último ayer) en los que esgrimen una serie de razonamientos que, en su opinión, impedirían a González cobrar "una indemnización millonaria a la que no tiene derecho".

Según la concejala, el equipo de gobierno estaría interesado en que el exgerente cobre la indemnización "para cargar luego las culpas sobre el anterior gobierno del PP, como lo demuestra que no asistieran al acto de conciliación para defender a la empresa de transportes y que no respondan al continuo ofrecimiento del PP para ayudarles a que no sea condenado el ayuntamiento", resaltó.

CONTENIDO DEL ESCRITO Así, en el escrito, presentado en el Registro por el concejal Daniel Serrano, se puede leer que el contrato del exgerente "carece de valor, en juicio y fuera de el, por cuanto no tiene validez alguna para justificar ninguna indemnización". En este sentido, señalan que en el acta de julio del 2006, donde "supuestamente" se aprobó la addenda del contrato y la indemnización "no figura en el orden del día una cláusula tan importante".

También esgrimen que el acta no fue entregada a ningún edil del PP, "por lo que su aprobación no tiene tampoco validez, pues de los tres asistentes solo uno era de la corporación anterior y podía recordar algo de una sesión de un año atrás, pero en ningún caso los otros dos, que no eran concejales ni consejeros en aquella fecha, por lo que asintieron sin conocer su contenido. Y para conceder la validez a dicha acta, el PSOE, en vez de negar la aprobación, se abstuvo, intentando dotar de eficacia al contrato abusivo", aseguran.

Por otro lado, explican que el Registro Mercantil denegó la inscripción de las actas, "por lo que también se demuestra la nulidad del contrato por los múltiples defectos".

Además, resaltan que una de las cláusulas del contrato estipula que no habrá indemnización si el despido se produce dentro del primer año desde su firma, "es decir, entre la la fecha del contrato, el 2 de abril del 2007, y el primer año desde su firma, el 2 de abril del 2008, y lo que no aparece en el contrato no pueden inventarlo las partes", dicen.

En este sentido, recuerdan que el despido fue el 23 de julio del 2007, "a tan solo tres meses y 21 días, menos de un año, para cuyo periodo no establece ninguna indemnización".

Por su parte, la concejala de Hacienda y presidenta del Consejo de Administración de la Empresa de Transportes Urbanos, Mercedes Moyano, respondió que están buscando los argumentos jurídicos posibles "para evitar pagar la indemnización al exgerente" y reprochó al PP que no asistiera a la reunión del Consejo del 9 de noviembre, "donde se dio cuenta de la demanda y donde podríamos haber adoptado un acuerdos conjunto".