El empresario Roberto Vázquez ha presentado una demanda de conciliación a Carcesa por incumplir los acuerdos firmados en un convenio entre el ayuntamiento, Carcesa y Extremadura 2000, para construirle una fábrica en el polígono Industrial a cambio de cederle los terrenos donde se asienta la fábrica para hacer una urbanización.

Posteriormente Carcesa llegó a un acuerdo con otro constructor "y es lo que me obliga a presentar esta demanda de conciliación, que si no se llega a un acuerdo se convertirá en una demanda efectiva". Vázquez indicó que procederá de la misma manera con el ayuntamiento.

Además, indicó que impugnará el concurso de obras por el que el consistorio ha adjudicado a la UTE Vaysaca-Gévora la construcción de un centro de recepción turística en el lago de Proserpina.

Por otra parte dio a conocer el resultado de una auditoría interna en las cuentas de Extremadura 2000 e Iniciativas Emeritenses, del 1 de junio al 31 de diciembre del 2003, para rebatir la acusación de varios concejales del PP del ayuntamiento de que había financiado al PSOE.

CONCLUSIONES En las conclusiones se señala que de los préstamos concedidos a Iniciativas Emeritenses y a Extremadura 2000 de Servicios, el que dio La Caixa de 900.000 euros, 475.000 euros han sido para amortizar un préstamos del BBVA concedido en agosto a Iniciativas que fue destinado en su día a Gasmer, el resto, 425.000 euros, están en una cuenta de valores de Iniciativas.

En cuanto al préstamo de Caja Extremadura a Extremadura 2000 de Servicios de 900.000 euros, fue ingresado en una cuenta de la sociedad. En agosto se traspasaron 435.000, que junto a los 475.000 de La Caixa, sirven para amortizar un préstamo del BBVA concedido en agosto a Iniciativa y destinado a Gasmer. Y entre noviembre y diciembre se depositaron 480.000 euros en una cuenta corriente de Extremadura 2000 de servicios. Además, Extremadura 2000 dio 290.000 euros a Iniciativas que fueron traspasados a Gasmer.

También dio a conocer otra auditoría en el tiempo que Aguas de Mérida se transformó en Gasmer, realizada por un catedrático de la universidad de Zaragoza, que servirá de base para varias demandas, en donde se incluirá al alcalde,

Una de ellas será contra la concejal del PP, Pilar Vargas, y el consejero de Gasmer por parte del ayuntamiento, Miguel Valdes, por firmar un balance del 2000, que es la partida de la venta de Gasmer, que arrojaba una pérdida 6.000 euros cuando en realidad era de 24.200 euros.