La venta ilegal de fruta se incrementa en la ciudad con la llegada del verano, y estos días es habitual ver puestos de ventas de sandías, melones y otros alimentos en calles y, sobre todo, en el mercadillo, donde la Policía Local retira cada martes una media de cuatro puestos ilegales, según confirmaron ayer a este diario fuentes policiales, y hay una media docena de vendedores ilegales. Además, en casas particulares y en calles periféricas, así como de la calle Santa Eulalia y de la avenida de las Sindicales se colocan pequeños puestos incumpliendo así la ordenanza que prohíbe la venta ambulante en la vía pública.
Según la delegada de Policía Local, Pilar Vargas, esta práctica está prohibida a excepción del mercadillo o cuando se autorizan pequeños puestos en la calle en fechas puntuales como en Navidad, donde se ponen a la venta turrón o castañas, "pero deben tener la autorización del ayuntamiento y haber pagado las tasas".
Todo lo demás, reiteró, "es ilegal, porque está prohibida la venta ambulante y a estas personas le incautan la venta". Además, indicó, "los que venden sandías deben tener el carnet de manipulador de alimentos y haber pasado todos los controles sanitarios para que la fruta y la verdura se pueda vender".
DENUNCIA DEL COMERCIO
En este sentido, Vargas explicó que en muchos casos son los comerciantes los que advierten a la policía de la ubicación de estos puestos, "y se hacen muchos controles sobre esto, porque el comerciante está pagando unos impuestos y todas estas cosas les perjudica". Además, "se trata también de cuidar por la sanidad de los ciudadanos y la policía en esta cuestión actua muy bien, y cuando mejor lo hagamos, mejor será para la economía del pequeño comercio de la ciudad".
En Mérida hay una media docena de vendedores ilegales que exponen su fruta al público en las barriadas periféricas y en zonas como los alrededores del teatro romano.
Al margen de los comerciantes, según la policía, incluso los mismos vendedores ambulantes que realizan su trabajo en el mercadillo suelen denunciar esta situación y ellos mismos se encargan de retirar estos puestos que no tienen autorización.
La ordenanza establece el pago de 1,25 euros por cada metro lineal de ocupación en la vía pública y 6,25 euros al día cuando se trata de puestos de hasta diez metros cuadrados.
La venta ilegal de frutas y verduras en la vía pública mueve en la región, según los últimos datos registrados, 13 millones de euros.
