El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado el pasado jueves por unanimidad el proyecto de ley de Responsabilidad Social Empresarial, que premiará a aquellas empresas, que además de cumplir la normativa vigente, añadan valores medioambientales, sociales, laborales o de protección de los Derechos Humanos. En el debate final de este proyecto de ley, el Grupo Socialista ha aceptado dos enmiendas populares y ha transaccionado una, además de rechazar otras dos. No obstante, tanto la diputada del PP Pilar Vargas como el parlamentario del PSOE Anselmo Solana han puesto de relieve el espíritu de consenso con el que se ha desarrollado el trámite y la aprobación de esta ley. La nueva normativa permitirá que las Empresas Socialmente Responsables disfruten de beneficios fiscales o de preferencia en la adjudicación de servicios públicos. La normativa, enmarcada en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, posibilita que las empresas puedan adoptar de forma voluntaria diversas medidas que añaden valor laboral, social y medioambiental a sus actividades, algo que será evaluado después por el propio empresario y verificado por una auditoría social externa. Aquellas que sean declaradas socialmente responsables por la Junta disfrutarán de beneficios como ayudas específicas o publicidad externa de la propia empresa como RSE, además de los ya citados.
