Una cuestión de lógica

Que la jurisdicción eclesiástica no coincida con la administrativa es algo que viene ocurriendo en nuestro país desde hace siglos. Este hecho, por lo general, apenas ha suscitado reacción de ningún tipo entre los ciudadanos, e incluso ha pasado desapercibido en la mayoría de los casos. Sin embargo, no siempre ha sucedido, ni sucede, lo mismo. Prueba de ello es el debate público al que asistimos hoy día en torno a la integración de Guadalupe dentro de la jurisdicción eclesiástica extremeña, el cual comenzó a gestarse hace algunas décadas, si bien es cierto que nunca alcanzó su actual intensidad.

Sin duda, habrá quien piense que, al estar relacionado con la fe, éste es un asunto ajeno al interés general, de manera que únicamente se debería plantear en el ámbito privado de la Iglesia Católica. Pero, a mi entender, hay razones suficientes para abordarlo desde la esfera pública, ya que en él confluyen aspectos que trascienden las creencias individuales.

Como es bien sabido, fuera de Extremadura, Guadalupe constituye una referencia y su nombre siempre ha sido destacado en los libros de historia españoles e iberoamericanos. Pero, dentro de Extremadura, Guadalupe, además de eso, representa un símbolo porque, al tiempo que nos aglutina, nos da sentido de unidad. Y esto es debido en gran medida a su carácter religioso, aunque también a su relevancia histórica, artística y patrimonial. Por tanto, se equivoca quien piense que el debate sobre su jurisdicción eclesiástica sólo concierne a los devotos de la Patrona de Extremadura.

Recientemente el Parlamento extremeño aprobaba una declaración institucional solicitando que dicha jurisdicción pase a formar parte de la provincia eclesiástica de Extremadura.

Dentro de la misma, se reconocía la labor desarrollada en este sentido por la Asociación Cívica Guadalupex, impulsora de la propuesta, y se expresaba el profundo respeto del Pleno de la Asamblea de Extremadura a la independencia de la Iglesia Católica para gestionar sus propios asuntos.

Desde ese mismo respeto, creo que hay que insistir en los argumentos expresados por la Cámara extremeña, puesto que reflejan el sentir de la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Y del mismo modo creo que si instituciones, entidades y colectivos vienen coincidiendo hasta ahora con dichos argumentos, como han manifestado abiertamente, es necesario que la Iglesia Católica se haga eco cuanto antes de este sentir popular, dado que a nadie le parece lógico que Guadalupe esté ubicado civilmente en Extremadura y eclesiásticamente en la vicaría de Talavera de la Reina, perteneciente a la diócesis de Toledo. Es una cuestión religiosa, por supuesto. Y también social, cultural e histórica. Pero, sobre todo, es una cuestión de lógica, lo que explica por sí solo que aglutine tantas y tan diversas adhesiones.