Extremadura cuenta con 93.000 licencias de caza y 143.000 licencias de pesca, lo que supone que uno de cada cuatro extremeños caza o pesca. Según datos de la Consejería de Industria, la caza mueve en Extremadura 400 millones de euros entre costes e impactos directos e indirectos. El número total de actividades cinegéticas celebradas en Extremadura durante la campaña 2009/2010 fue 1.817, en las que se abatieron un total de 51.457 piezas; de las que 38.297 fueron de caza mayor y 13.160 de caza menor. Este fin de semana comienza la temporada de caza y miles de aficionados salen al campo con la mirada puesta en la nueva Ley de Caza que actualmente se está tramitando y que tiene como objetivo --según señaló el presidente Guillermo Fernández Vara en la última Feciex-- "la caza social" y que ésta "sea un derecho de todo el mundo y lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles".

Representantes del sector cinegético en Extremadura han valorado recientemente el Proyecto de Ley de Caza de la región, que consideran "un avance" para la práctica de esta actividad, aunque algunos se muestran disconformes sobre impuestos que establece la norma, que califican como "disparate" al compararlos con los tributos de otras comunidades autónomas.

El catedrático de Zoología de la Universidad de Extremadura (UEx), Juan Carranza; el presidente de la Federación Extremeña de Caza, Rafael Domínguez; el representante de la UEx en el Consejo Regional de Caza, Cipriano Hurtado; el representante de la Asociación de Gestores Cinegéticos de la región Antonio Bueno; y el representante de la Asociación de Productores de Caza Ignacio Pinilla, asistieron la semana pasada en el Parlamento extremeño a la Comisión de Industria, Energía y Medio Ambiente para expresar sus opiniones sobre el Proyecto de Ley de Caza.

El representante de la Asociación de Gestores Cinegéticos de la región señaló que el Proyecto de Ley de Caza de Extremadura "fundamentalmente es un buen proyecto, donde se corrigen errores del pasado", pero a su juicio "existe todavía una lacra, una imposición tributaria fiscalmente a los titulares y cotos privados" que, al hacer comparaciones con otras comunidades "hace que no sean viables" las empresas cinegéticas. Según Antonio Bueno, "existe una comparativa con el resto de comunidades autónomas que es un verdadero dislate". "La media que se paga en España en todas las comunidades es de 0,30 euros aproximadamente por hectárea y aquí llegamos a los 5,25", ha indicado.

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Casa considera que la ley va a desarrollarse "bien" y apunta que la caza debe ser "económica y social". Sin embargo, critica que "se equipara un poco la caza social a la privada; en cuanto los terrenos de las sociedades están fuera de sus términos, tendrían que pagar más o menos el mismo precio euros-hectárea que están pagando los cotos deportivos que ahora pasarían a privados".