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OPINIÓN

La ortopedia se topa con trabas en Extremadura

 

Federación Española de Ortesistas y Protesistas
03/12/2019

El Sistema Nacional de Salud (SNS) inició su andadura en 2002. La entidad pública sustituyó al antiguo INSALUD y desde entonces vela por la gestión sanitaria a través de los 17 servicios de salud autónomos y del INGESA para las ciudades de Ceuta y Melilla. En sus casi dos décadas de funcionamiento ninguna consejería de salud ha hecho público el importe que invierte en el sector de la ortopedia, tampoco el Ministerio de Sanidad ha tenido interés en reclamárselo. Todo, pese a que la ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece la transparencia de las administraciones y el acceso a la información pública para garantizar un buen gobierno.

Desde hace varios meses, la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) inició la ardua tarea de recopilar esos datos, solicitándolos a los gobiernos regionales. Todos ellos facilitaron con mayor o menor premura la información. Todos, excepto Extremadura que a día de hoy continúa sin ofrecer esos datos que deberían ser de dominio público.

A pesar de no contar con la información sobre la inversión pública extremeña, la FEDOP ha realizado un informe que publicará próximamente y en el que se puede analizar la situación del sector ortoprotésico en España. Se trata de la mayor radiografía jamás realizada en este ámbito a nivel nacional.

Una de las conclusiones de ese documento es el bajísimo gasto público en materia ortoprotésica en nuestro país. La ortopedia da servicio a alrededor de 4 millones de personas en España y sin embargo tan solo percibe un 0,033% del presupuesto global del estado. Un importe del todo insuficiente con respecto a otros países europeos, si además se tiene en cuenta la queja de colectivos de usuarios, necesitados de los productos que fabrican y dispensan los profesionales de la ortopedia.

Tras casi veinticinco años con una cartera de prestaciones que ha permanecido inmutable, el pasado mes de julio echó a andar la Orden SCB 45/2019.La cual exige a las Comunidades Autónomas que reformen sus catálogos de productos. La tónica general ha sido de bastante calma por parte de los servicios de salud autonómicos, que parecen no recordar que tienen de límite hasta el 31 de diciembre de 2019 para adaptar esos catálogos, según estableció el Ministerio de Sanidad.

En el caso de Extremadura, se da la circunstancia de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ni siquiera ha respondido a los reiterados escritos y comunicados por parte de la FEDOP y de la Asociación de Ortopédicos de Extremadura (ASOEX), que reclamaban abrir una mesa de diálogo con los profesionales de la ortopedia.

Parece lógico pensar que los expertos en esta materia, por su experiencia y conocimiento, deberían ser implicados directos en el desarrollo de esta nueva norma. Sin embargo, a falta de un mes para que se cumpla el plazo dado por el Ministerio, en Extremadura no hay visos de diálogo con el sector, ni de implicación por parte de sus representantes en materia sanitaria en este asunto.

Al ejecutivo extremeño le que queda mucho camino por recorrer para equipararse al resto de gobiernos autonómicos en lo que a ortopedia se refiere. Los extremeños son los únicos habitantes de todo el territorio nacional que no pueden acogerse al sistema de Endoso, por lo que se quedan fuera de la prestación aquellos pacientes que no tengan recursos económicos. La situación se dibuja grave, y más si tenemos en cuenta el reciente informe sobre Vulnerabilidad de Cruz Roja, que mide su impacto social en la salud, y que arroja que 8 de cada 10 personas en España no puede pagarse una prótesis.