El mundo de la pesca en Extremadura está que trina. La sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo contempla como invasoras a especies de tanta importancia para el sector en la región como el black bass, el lucio, la trucha arcoiris, el salvelino o la carpa, que llevan miles de años en las aguas extremeñas.

De aplicarse la sentencia se pondrían en peligro miles de puestos de trabajo relacionados con estas capturas. La Plataforma en Defensa de la Pesca cuenta en la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica de Badajoz con un estand en el que explican a los aficionados el momento tan difícil que vive el sector y el diálogo que mantienen con las distintas administraciones para solucionar el problema.

Carlos Bueno, coordinador de la Plataforma en Defensa de la Pesca, recuerda que ésta aglutina a 52 importadores de materiales de pesca, 25 importadores de material náutico y embarcaciones, 2.500 establecimientos de venta al público de material de pesca y 1.300 ayuntamientos afectados. El sector de la pesca recreativa mueve en todo al país unos 5.000 millones de euros al año y en Extremadura hay 150.000 licencias de pesca deportiva.

"Estamos gastando recursos en acciones que no son beneficiosas para nadie. ¿Cómo eliminamos las carpas que están introducidas en un embalse? ¿Cómo vamos a erradicar la cultura de la captura y suelta, respetuosa con la naturaleza?", señala Carlos Bueno.

De aplicarse la sentencia se pondría en peligro el motor económico de muchas zonas rurales. Y no solo en Extremadura. En Andalucía unas 5.000 familias viven del cangrejo rojo, por ejemplo.

En una nota de prensa explican que en una primera reunión con el presidente de la Junta de Extremadura, éste se mostró receptivo al problema. De hecho se aprobaron en el Parlamento de Extremadura medidas a favor de la actividad y se instó al Ministerio a actuar de inmediato. No obstante, las tornas han cambiado y ahora la Junta prevé la eliminación de estos peces cuando concluya cualquier competición y anuncia que tiene contratada una empresa para la recogida y eliminación.

"Con esta posición de la Junta de Extremadura se está empujando al cierre de cientos de negocios que no van a tener clientes a quien vender sus productos y a pueblos que se van a ver abocados a la extinción", explica la plataforma en un comunicado.

Carlos Bueno recuerda que la presión de los grupos ecologistas está obligando a aplicar la sentencia, a pesar de que aún se está pendiente de la regulación del sector a través de un real decreto específico para la pesca deportiva y recreativa. Mientras tanto, la incertidumbre planea sobre los aficionados y los empresarios de la pesca recreativa y deportiva en todo el país.