Estos tres planteamientos resumen perfectamente las necesidades actuales del sector agrario. Desde UPA-UCE siempre hemos apostado por una Política Agraria Común de verdad, fuerte, potente, eficaz y con un presupuesto suficiente. Estamos convencidos de que esta política es mejor cuanto más común sea, con reglas iguales para todos los agricultores y ganaderos, que no rompa ese criterio común que debe reinar en el proyecto europeo y resuelva algunos de nuestros principales problemas como es el de los precios. Por eso rechazamos una PAC para 27 países, dividida en 27 trozos y en España en 17.

Necesitamos una PAC fuerte que mantenga una agricultura activa que siga manteniendo la soberanía alimentaria, es decir, la producción de alimentos seguros y de calidad para la ciudadanía europea. Y también la gestión del territorio y el mantenimiento de un mundo rural vivo.

Con respecto al borrador filtrado de la nueva PAC tenemos que decir que no cumple con estos objetivos ya que, en vez de simplificar y resolver algunos problemas, lo que hace es complicar mucho más las cosas.

En este panorama que planteamos es de vital importancia contar con unos precios justos por nuestros productos. Esta nueva PAC debería contemplar medidas de regulación de los mercados para que los productores no vendan por debajo de los costes de producción. La manipulación y los abusos del mercado ponen en un brete a los agricultores y ganaderos y, por tanto, sus consecuencias también las sufren los consumidores.

UPA-UCE considera necesario reforzar la legislación y penalizar a quien hace daño, pues la principal práctica que desequilibra la cadena alimentaria es la venta a pérdidas. Se ha insistido una y otra vez en que esta es la carencia más importante de la ley de la cadena pues, en muchos casos, las sanciones son ridículas y evitan que el régimen sancionador tenga un verdadero efecto disuasorio.

En 2016, UPA lanzó una campaña ‘Precios justos para nuestros productos’ ante la grave situación que atravesaban la totalidad de los sectores agrícolas y ganaderos y que ya se ha convertido en nuestra bandera. Por eso, reivindicamos una regulación de la cadena alimentaria a nivel europeo que sea más ambiciosa que la propuesta de directiva presentada.

El tercer factor fundamental en el sector agrario es el presupuesto destinado a las políticas para la agricultura y la ganadería. En este sentido, lo más importante es la negociación que se está produciendo del marco presupuestario de la UE de 2021-2027.

A pesar de que se nos dice que somos estratégicos e imprescindibles, nos encontramos con que se pretende rebajar los fondos destinados a la PAC. Esta política ha pasado de representar el 50% de estos presupuestos al 30%, cuando la realidad es que los agricultores y ganaderos no tenemos unas rentas mejores que en el anterior marco presupuestario.

La nueva reforma de la PAC será más verde, por lo que se nos obliga a ir hacia producciones más sostenibles con la consiguiente subida en los costes de producción y bajada de los rendimientos.

Esto nos hará perder competitividad frente a las producciones de países terceros que no cumplen estos requisitos y, por tanto, tienen unos costes inferiores.

Además, a esto hay que sumarle los acuerdos bilaterales que la UE plantea cerrar en los próximos años y el impacto que van a tener en nuestros mercados, ya que las producciones podrán venir sin aranceles, como el acuerdo de Mercosur (que está en una avanzada negociación) en el que se sabe que el más perjudicado será el sector agrario.

Por todo esto, y por lo que nos jugamos en Extremadura, reclamamos una actuación más decidida del gobierno español para que encabece una alianza con otros países como Francia para así garantizar un presupuesto que permita mantener una agricultura activa y un mundo rural vivo.