PRESIDENTE DE UNION PROFESIONAL

Hace algunos meses se reabría el debate sobre la liberalización de los servicios profesionales entendida como una de las fórmulas para estimular la activación de la economía. Más allá de los planteamientos de índole económica, cuyos beneficios para la ciudadanía se vislumbran difusos, existen multitud de aspectos sociales de especial relevancia que debieran tenerse en cuenta para caminar hacia el deseable crecimiento de una forma sostenible, ética y sin perjudicar los derechos ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derechos. Es nuestro deber defenderlos a ultranza si no queremos caer en una desprotección que nada tiene que ver con el sistema del que disfrutamos en la actualidad en los países occidentales. Al hablar de los servicios profesionales, de los que de una manera u otra todos hacemos uso en nuestro día a día, esa protección debería estar más presente si cabe en la mente de todos ya que afectan a nuestra salud y seguridad. Y no solo a eso. A menudo están en juego nuestros bienes, nuestro patrimonio y, en definitiva, nuestra economía doméstica o empresarial que bien vale la más eficaz protección. Desde distintas profesiones colegiadas del sector jurídico o económico se vela porque los servicios prestados en relación con estas cuestiones se haga desde el rigor, la calidad y la profesionalidad que merecen.

Precisamente para luchar contra prácticas abusivas que pudieran ir en perjuicio de la ciudadanía existen los colegios profesionales. Denostadas por algunos, quizá por desconocimiento de la función social que realizan, desde estas instituciones se vela por la buena práctica profesional bajo un sistema que permite a los ciudadanos dirigirse a despachos, oficinas, hospitales y clínicas con la confianza de que van a ser atendidos por profesionales habilitados y con los conocimientos suficientemente actualizados para ofrecer el más competente servicio de diagnóstico, tratamiento, asesoramiento o gestión. Porque a la hora de abordar una posible liberalización del sector, se ha de tener muy presente quiénes se encuentran detrás de él, es decir, profesionales reconocidos por la ciudadanía tanto dentro de nuestro país como en el exterior. Arquitectos, aparejadores, ingenieros, físicos, químicos, geólogos, economistas, trabajadores sociales, además de todos aquellos pertenecientes al sector sanitario o jurídico, son embajadores de nuestra Marca España allá donde van. Toda aquella medida o disposición que vaya en contra de ellos no es de utilidad ni para nuestra marca, ni para nuestra competitividad.

Además de la excelente labor de los profesionales que integran nuestras más que reputadas empresas, los profesionales independientes realizamos cada día desde nuestros despachos y oficinas millones de gestiones de gran incidencia para la integridad y el bienestar de los ciudadanos. Por no mencionar a aquellos que son atendidos en los hospitales, clínicas y farmacias de nuestro país. Gracias a su continua formación profesional y a su independencia de criterio, proporcionan a usuarios y consumidores la más competente práctica profesional basada en el interés general más que en criterios mercantilistas propios de otros sectores o negocios. Desde las profesiones, debemos aferrarnos a defender esa independencia para poder, como decía anteriormente, proteger nuestros derechos a unos servicios con garantías de calidad. Solo así podremos seguir cumpliendo la misión por la que fuimos concebidas, contribuyendo al cambio social y al crecimiento de nuestro país.