La asociación pro-inmigrantes Cáceres Acoge, denuncia desde su delegación la situación de marginación que sufren muchos inmigrantes a la hora de adquirir una vivienda, acusando a las inmobiliarias y a particulares de discriminarlos basándose en "estereotipos y prejuicios xenófobos", según hacen constar en un comunicado.

Según este colectivo, los inmigrantes son obligados a "vivir en condiciones infrahumanas, hacinadas en viviendas que no reúnen las más mínimas condiciones de habitabilidad", negándoles así su derecho a la dignidad que es, en la mayoría de casos, el motivo por el cual se marcharon de sus países de origen. El comunicado continúa señalando que a esta problemática se une "el no menos sangrante y vergonzoso problema de la especulación del suelo", subrayando que como consecuencia del mismo, el precio de la vivienda se ha disparado hasta niveles de ciudades mayores y con más población.

La asociación califica a la sociedad de "materialista y corrupta", alegando que mientras dice regirse por la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es en realidad "injusta, opresiva, racista, sexista y violenta", destacan.

JUSTICIA SOCIAL

Así Cáceres Acoge exige en este escrito a los distintos organismos y autoridades gubernamentales el cumplimiento de la Constitución "a través de medidas y disposiciones necesarias que hagan efectiva y real la justicia social".

Finalmente, este colectivo realiza un llamamiento a la ciudadanía para trabajar unidos por la igualdad de todos los ciudadanos y anima a que se denuncie cualquier abuso o lesión a la integridad de la persona que conozcan a través de las asociaciones porque "ese daño es, en definitiva, ejercido contra la dignidad humana", concluye el escrito.