La Asociación de Minusválidos de Campo Arañuelo (AMCA) presentó ayer en la Inspección de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que tanto temían los ya solo 34 trabajadores con que cuenta su centro especial de empleo --se abrió hace 20 años y ha llegado a tener más de 200--. "Hace un momento nos han informado que esta misma mañana se ha presentado el ERE de extinción, lo que significa la desaparición del centro y el paro para sus 34 trabajadores", indicó preocupado Faustino Palacios, presidente del comité de empresa.

La sospecha sobre la presentación de este ERE ya la manifestó Palacios, junto a otros dos miembros del comité, en la rueda de prensa que ofrecieron el jueves y en la que, como ya publicó ayer este diario, denunciaron la situación económica de la asociación y alertaron sobre su sospecha de un posible ERE que supondría su desaparición.

No había pasado ni un día y su sospecha se cumplió. La AMCA presentaba el que será su cuarto y último ERE. Con anterioridad a este, y según la información que desde la Junta de Extremadura se facilitó ayer a este diario, se habrían autorizado por la Dirección General de Trabajo a este asociación otros tres EREs: Uno de carácter temporal, "por fuerza mayor", que afectó a 78 trabajadores; un segundo, también temporal, "por causas productivas", que afectó a 65 trabajadores; y un tercero, el pasado 30 de julio, por el que se autorizaba la extinción de los contratos de 41 trabajadores "por causas económicas".

Ahora, el ERE presentado es para la extinción total.

INICIO DE ACCIONES De la situación económica de esta asociación, con deudas que se cifran en cerca de 2 millones de euros, y su ya más que posible desaparición culpa el comité de empresa a su presidente, Antonio Redondo, que según Palacios "no ha celebrado en 12 años ni una sola asamblea de socios; ni ha dado cuentas de nada a nadie, ni al comité ni a su propia directiva; y nunca ha facilitado al comité la documentación solicitada, pese a las tres denuncias que por su negativa a hacerlo hemos presentado ante la Inspección de Trabajo".

Pero no están dispuestos a dejarlo estar. La asociación debe casi 2 millones a bancos, empresas, proveedores, particulares...; tiene las naves hipotecadas; debe desde mayo los salarios a los trabajadores, tanto a los 34 que aún siguen en plantilla como a los últimos 41 que fueron despedidos.

Y el comité no entiende cómo se ha podido llegar a esta situación teniendo en cuenta que la asociación "tenía trabajo, conciertos con empresas... y además recibía subvención de la Junta por creación de empleo". Es por ello que Palacios anunció ayer a este diario que van a tomar medidas. "Ya hemos contratado a un abogado para que nos asesore de las acciones legales que podemos llevar a cabo, pues nosotros estamos dispuestos, si hace falta, a llegar hasta la Fiscalía Anticorrupción".

Ellos van a tomar medidas, y quien ya lo ha hecho ha sido el Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo), que según la información facilitada ayer a el Periódico "ha abierto un procedimiento para solicitar a la AMCA el reintegro de las subvenciones recibidas".

Este periódico intentó ayer contactar con el presidente de AMCA, Antonio Redondo, pero fue imposible. Tiene el móvil apagado continuamente y según los trabajadores de la asociación se encuentra "en paradero desconocido" desde que hace poco más de una semana pidió una baja, "dicen que por una depresión, pero lo que pasa es que no quiere dar la cara".