Más de 120.000 euros recibirán el grupo de los damnificados por la explosión de gas ocurrida en noviembre del pasado año. Esta cantidad la abonará la compañía con quien la empresa instaladora (Córdoba Sánchez) tenía concertado el seguro (Mapfre Industrial), toda vez que la distribuidora (Repsol) se personó en el lugar días después del suceso con un perito, pero ni dio parte a la compañía ni tomó cartas en el asunto. Cuando la aseguradora se enteró de lo ocurrido --a través del parte del seguro de un automóvil dañado en la explosión-- había transcurrido más de un mes.
Así lo informó David Ramos, tramitador de Mapfre Industrial, quién apuntó que su compañía se había reunido el jueves de la pasada semana con los afectados, uno por uno, para fijar las cantidades a percibir. Tan sólo faltan por valorar dos casas y una cochera que tuvieron que ser derruidas, además de los daños personales del principal afectado, Jaime Miguel, que está pendiente de que le reconozca el médico forense para saber si existen secuelas.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 11 de noviembre del 2002, cuando una acumulación de gas en la vivienda de Jaime Miguel produjo una gran deflagración. Así consta en el informe del atestado realizado por la Policía Judicial tras realizar la correspondiente investigación, en la que se apunta como consecuencia del escape el mal estado del regulador del gas (cabeza de la bombona).
LOS DAÑOS
Como consecuencia de la explosión numerosos inmuebles resultaron con daños de diversa consideración (grietas, persianas rotas, tejados volados,...), aunque fue Jaime Miguel el que más perdió en el incidente: su casa se vino abajo y permaneció un mes en el hospital con quemaduras muy graves, llegándose a temer por su vida. Actualmente vive en los pisos tutelados que la Junta de Extremadura y el ayuntamiento han puesto en funcionamiento en el municipio desde el pasado mes.
El sentir general de los indemnizados es de conformidad, aunque lamentan la lentitud con la que se han desarrollado los trámites, que se han prolongado por espacio de seis meses, plazo que consideran excesivo.
