Cuatro extrabajadores de la cuadrilla municipal de Obras de Navalmoral de la Mata han presentado sendas reclamaciones al Ayuntamiento en las que exigen una cuantía global de casi 30.000 euros.

Las cuatro demandas se han presentado en el Juzgado de lo Social Número 3 de Plasencia y la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la personación del Ayuntamiento en el proceso judicial.

Las reclamaciones van desde los 6.718,71 euros de la más baja a los 9.090,25 de la más alta.

Las cuatro reclamaciones se suman a las dos presentadas con anterioridad por dos ex trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento que reclamaban alrededor de 13.000 euros.

Todas las demandas se centran en la exigencia de los ex empleados municipales de cobrar lo mismo que el personal laboral fijo del Ayuntamiento, mientras que éste argumenta que todos los demandantes firmaron en su día un contrato con el Ayuntamiento que fijaba claramente cuál era su salario, que se les abonó íntegramente.

El portavoz municipal, José Demófilo Pascual, ha reconocido hoy su preocupación por la acumulación de demandas laborales que se están registrando y ha lamentado la situación.

"Esto empieza a ser ya un hábito, un hábito preocupante", ha indicado Pascual, que ha advertido del "nivel de inseguridad jurídica a la hora de contratar por parte de los ayuntamientos" y ha señalado que habría que plantearse "si debería ser la administración regional la que contratase y asumiera los riesgos de las contrataciones".

Pascual se ha quejado de que los demandantes firmaron en su día sus contratos y se mostraron de acuerdo y "entiendo que los contratos son para algo".

Los cuatro demandantes piden que sus salarios se equiparen a los del personal laboral fijo y al personal funcionario del ayuntamiento.

El equipo de gobierno reconoce que la generación de empleo eventual es conveniente por la propia generación de puestos de trabajo y porque las personas contratadas permiten a los ayuntamientos prestar algunos servicios, pero se hace hincapié en los problemas jurídicos que está acarreando dicha contratación a los ayuntamientos.

En este sentido, Pascual ha señalado que la Federación de Municipios y Provincias Extremeña (FEMPEx) debería de tomar cartas en el asunto.