La sociedad promotora del complejo que se pondrá en marcha en el embalse de Valdecañas orientará el resort al turismo de salud, la medicina deportiva y los servicios de ocio.
José María Gea, consejero delegado de Marina Isla Valdecañas, S.A., promotora de la iniciativa, explicó que se ha propuesto poner en marcha un proyecto "pionero del turismo de embalses, individual y corporativo" en el que goce de un protagonismo especial la práctica de "actividades deportivas como el golf, la náutica, la caza y la naturaleza, así como las destinadas a la salud y el bienestar físico".
"Este tipo de turismo busca recuperar la salud en su tiempo vacacional y de ocio, bajar peso, controlar su diabetes, mejorar el aspecto físico o relajarse haciendo un programa antiestrés", indicó Gea, quien explicó que el complejo dispondrá de una entidad urbanística de conservación que garantizará el mantenimiento de las instalaciones.
La empresa invertirá 193 millones de euros y actuará sobre una superficie de 133 hectáreas para proporcionar 400 empleos en la fase de construcción y 180 durante su explotación. La sociedad pertenece al grupo de empresas de Marina Islantilla, S.A., que ha desarrollado proyectos turísticos en la costa de Huelva, entre ellos el de Isla Antilla, Isla Cristina y El Rompido.
La iniciativa cuenta con el rechazo de varias asociaciones ecologistas, entre ellas Adenex, que ha expresado su convencimiento de que el objetivo es construir un residencial que contribuirá a la destrucción del territorio en una zona donde nidifican cientos de aves. Gea sostiene, por el contrario, que se "minimizarán los impactos creando un asentamiento de muy baja densidad y alta calidad natural".
Isla Valdecañas constará en la isla principal de un campo de golf, una casa club, dos establecimientos hoteleros, inmuebles turísticos residenciales, una playa artificial y una base náutica, y en la secundaria localizará los servicios deportivos. La sociedad pretende finalizar las instalaciones en un plazo de tres años y la ejecución total del proyecto en un plazo máximo de seis desde su aprobación definitiva.
