WNw unca la instrucción de un sumario judicial ha sufrido tantos acosos para tratar de ser desacreditada. Las presiones y ofensas sufridas por el juez Juan del Olmo y los funcionarios que le han acompañado en la instrucción solo pueden ser calibradas por ellos mismos. Pese a todo, han logrado terminar su trabajo que, con las imperfecciones de toda obra humana, no presenta carencias graves que menoscaben los objetivos procesales que permiten abrir hoy el juicio oral. El fiscal tratará de demostrar durante el juicio que la masacre del 11 de marzo del 2004, el mayor atentado ocurrido en Europa desde el final de la segunda guerra mundial, y en la que murieron 191 personas y resultaron heridas otras 1.824, fue obra de una célula islamista de Al Qaeda como acción de respuesta a la invasión de Irak. Los cuerpos de seguridad han identificado a 12 de los 13 presuntos autores materiales (siete de ellos se suicidaron en Leganés cuando se vieron rodeados por la policía). En total, hay 29 personas procesadas y se piden más de 200.000 años de cárcel. El atentado fue inspirado, siempre según las conclusiones de la instrucción, por Rabei Osman, El Egipcio, que fue detenido en Milán. El narcotráfico sirvió para financiar el atentado, que se realizó mediante la compra de explosivos robados por el español Suárez Trashorras.

Sin embargo, una teoría de la conspiración ha tratado de poner en duda esas conclusiones básicas. El motivo es que desde el instante mismo en que se produjeron las explosiones de Atocha se desencadenaron consecuencias políticas con intereses contradictorios. En realidad, en los trenes se dinamitó algo más que la vida de 191 inocentes, porque se alteró el ánimo de los españoles, que acudieron a votar tres días después influidos por los acontecimientos y por la gestión de la catástrofe hecha por Aznar. Se produjo entonces lo que en sociología se llama vuelco electoral. La sorpresa por un resultado difícilmente imaginable antes del atentado alimentó todo tipo de elucubraciones para restar legitimidad al Gobierno de Zapatero.

Los dirigentes del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, podían haber optado por digerir la derrota, realizar la autocrítica de los hechos ocurridos durante aquellos tres días de marzo que fueron determinantes y haber extraído lecciones para el futuro. No fue así y la tentación fue esquivar las responsabilidades propias y tratar de debilitar al adversario que había ganado la partida.

Nos esperan largos días de forcejeo entre lo que se conozca en la vista pública y lo que sostengan en los medios de comunicación habituales quienes han tratado de buscar contradicciones y sembrar dudas sobre la versión expuesta en el sumario. Muchos tratarán estos días de justificar sus actos políticos o sus ensoñaciones periodísticas, aunque sea pasando por encima de la verdad. Es la hora de la Justicia con mayúsculas, en la que el tribunal de la Audiencia Nacional dictará una sentencia y sancionará a unos culpables. No habrá nada más que decir cuando el recorrido judicial acabe en las instancias de casación o, en caso de que alguien considere vulnerados sus derechos fundamentales, en el Tribunal Constitucional. Habrá quien insista en no darse por contento, pero un Estado de derecho es lo que determinan sus instituciones y quien quiera cuestionar la legitimidad de las mismas solo podrá esperar el más severo juicio de la historia.