Barcelona estuvo a punto de sufrir el pasado fin de semana un gran atentado que radicales islamistas iban a perpetrar en el transporte público de la capital catalana. Esa es la inquietante conclusión a la que ha llegado el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que anoche decidió enviar a prisión a diez de los detenidos en la operación antiterrorista del pasado sábado, y que acusa a tres de ellos de estar a punto de suicidarse cometiendo una matanza. Tras los arrestos practicados en el Raval de Barcelona, un barrio colindante con las transitadas Ramblas de la Ciudad Condal, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que se trataba de 12 paquistaníes y dos hindúes que conformaban un grupo con un alto nivel de organización interna que había dado "un paso más allá" en su radicalización ideológica y pensaban abastecerse de explosivos para cometer un atentado. En los registros practicados por la Guardia Civil en cinco inmuebles se halló nitrocelulosa, que se utiliza para la fabricación de tintes, lacas y barnices, pero también como estabilizador en explosivos similares a los que se utilizan en las voladuras de edificios. No es momento de crear alarmismo, pero si el juez ha hallado indicios de que estaba a punto de cometerse un atentado, procede que la población sea cabalmente informada de un riesgo real.

Sorprende en este sentido el papel que ha hecho el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, quien ayer mismo, en una comparecencia en el Parlament, quitaba hierro a la operación antiterrorista. Saura, que carece de toda la información sobre el asunto al no tener competencias sobre lucha antiterrorista, se aventuró, sin embargo, a afirmar que "no había objetivos definidos para atentar en Catalunya", lo que contradice de plano el auto del juez Moreno.

Y añadió que Catalunya no era un nido del terrorismo islamista. El martes había hablado con cierto retintín de que era "preocupante" que en la operación se hubieran hallado detonadores y balines. Es grave que el máximo responsable de la seguridad en Catalunya haga unas declaraciones aparentemente tan a la ligera, que parecen querer minimizar la operación realizada por la Guardia Civil.

Es posible que Saura tratara de no criminalizar al colectivo paquistaní de Catalunya --casi todos los detenidos son de esa nacionalidad--, pero negar la importancia de las detenciones constituye una actitud buenista que resulta impropia. Las fuerzas políticas españolas y los servicios de seguridad hicieron autocrítica por no haber dado importancia a la amenaza terrorista que se plasmó el 11-M del 2004 en Madrid. Algo deberíamos haber aprendido desde entonces.

El hecho de que el juez haya dictado auto de prisión contra 10 de los detenidos no debe, sin embargo, hacernos olvidar su condición de presuntos terroristas. Es exigible un juicio con todas las garantías que se base en investigaciones rigurosas y donde los acusados puedan defenderse. Pero de ahí a no darnos cuenta de que Barcelona, como ciudad occidental y abierta, puede sufrir el zarpazo de los radicales islamistas va un gran trecho.