Al grito de «Nos roban la pensión» personas mayores de toda España han vuelto a manifestarse esta semana para defender una paga de vejez digna, como reacción de causa efecto contra la indignidad de un gasto público de tres millones de euros para mandarles una carta a todos ellos, y son 8,7 millones de personas en España, avisándoles de que se la van a subir un 0,25%, unos dos euros al mes.
En una reedición de los ‘yayoflautas’, pero más virulenta, el juvenil 15M tiene heredero siete años después con esta revolución pretendida de los en general mayores de 65 años, el 65M, casi nueve millones de personas indignadas por la carta-burla del ministro Montoro que subraya la imbecilidad de un sistema que alega no tener dinero para mejorar la vida de esos beneficiarios de pensión, pero se permite el gesto automatizado y burocrático de emplear fondos, los que sean, en decir más o menos eso, que no hay manteca y que por eso solo se puede subir un 0,25%.
Más que por el dinero en sí que se cobre, el enfado de los pensionistas viene de la serie de afrentas verbales e intelectuales -somos mayores, pero no tontos, han venido a decir algunos de sus portavoces-- cuyo arranque monumental podríamos situar en aquella acusación de Celia Villalobos en la que decía que algunas personas se pasan más tiempo cobrando la pensión que trabajando.
Mientras los trabajadores han tenido que soportar otras como la de vivir por encima de sus posibilidades, o que frente a un sistema político-económico y social tan corrupto como el español, había que trabajar más y cobrar menos, dicho por dirigentes empresariales que acabaron en la cárcel por chorizos, sus padres o hermanos mayores, pensionistas, han visto cómo poco a poco el Gobierno del PP, principalmente, iba saqueando la caja de la Seguridad Social mientras continuaba haciéndola soportar gastos según algunos analistas impropios.
Sí, porque de las aportaciones de los trabajadores para su jubilación, en un sistema con las cuales ellos pagan a los pensionistas de hoy en espera de que los cotizantes del futuro hagan lo mismo con ellos, se abonan las prestaciones de quienes no han cotizado, las pensiones no contributivas, que son más propias de un departamento de ayuda social, o decisiones de política económica como ofrecer tarifas planas, y bajas, de cotización, para estimular el autoempleo y la actividad económica, el emprendimiento, algo que quizá correspondería al ministro de Economía Guindos -con mucha pena y poca gloria de Lehman Brothers al Gobierno de Rajoy, y de éste a vicepresidente del Banco Central Europeo--, aquel que aseguró que el rescate bancario no nos iba a costar un euro.
La afrenta a los 8,7 millones de pensionistas, titulares de 9,573 millones de pensiones, no para ni en pleno levantamiento del 65M, cuando desde el Banco de España se les trata de frenar diciendo que al menos tienen una casa en propiedad --¿están insinuando que la vendan?--, o con engañabobos sobre una difusa e inconcreta desgravación fiscal a los jubilados, obra del ministro Montoro.
En cualquier caso además de esas afrentas y ofensas, en el cabreo de los mayores tiene mucho que ver el alza desorbitada e indignante de gastos como el de la factura energética, la luz y el gas; su verdadera microeconomía, la de la factura mensual cargada en el banco con decimales y céntimos, que desafía cualquier excusa macroeconómica sobre los IPC negativos habidos en los últimos años y según la cual los pensionistas habrían ganado poder adquisitivo.
Un IPC que incluye otros factores, entre ellos los carburantes, que ya tienen apenas peso en las economías de las personas de edad avanzada, pero que ve dispararse la factura de la luz, el gas o el agua, además de los impuestos municipales como el IBI.
El 65M ha estallado, se ha sumado a la floración electoral de Ciudadanos, y en esfuerzo titánico el presidente Rajoy y sus ministros se disponen a sofocar esos frentes en los próximos meses, por eso mañana lunes lo tendremos en Badajoz.
