Dentro de escasos días los consumidores domésticos verán incrementada la factura de la electricidad por segunda vez este año. El Gobierno justifica la impopular medida en el aumento de precio de los hidrocarburos, que dentro de lo que cabe es comprensible, y en un esotérico "efecto estacional de los meses de invierno". Esotérico por cuanto, de existir tal efecto, se repite año tras año y ya debería estar incluido en la tarifa que hasta la fecha pagamos.

Sin embargo, parece que la verdadera razón es taponar, aunque muy parcialmente, el cuantioso déficit que las tarifas vigentes imponen a las compañías. En un artículo muy crítico con la política energética española aparecido en un importante rotativo norteamericano, se cifra en 20.000 millones de euros el importe acumulado de este déficit que el Estado se comprometió a abonarles. Está previsto que los recursos necesarios para saldar la deuda provengan de la colocación de unos bonos en el mercado internacional de capitales. Ya veremos cuál será su coste final. Este agujero en las cuentas de las compañías eléctricas tiene varios orígenes; entre ellos, 2.000 millones anuales de euros por los incentivos a pagar por la energía fotovoltaica, que seguramente es muy limpia, pero también muy cara.

¿Cuál debería ser el incremento de las actuales tarifas para que la sangría que para las cuentas públicas representa este déficit desaparezca? Solo los muy expertos pueden responder a esta pregunta, pero no cabe duda de que enormemente superior al que se nos aplicará el próximo mes de octubre. No nos engañemos: el coste que no pagamos como consumidores lo soportamos como contribuyentes. Un día u otro habrá de corregirse esta afrenta a la ortodoxia económica. Por ahora, ninguno de los dos grandes partidos españoles parece dispuesto a ponerle el cascabel al gato. Y, mientras tanto, la bola va creciendo. La experiencia demuestra que un día u otro estallará.