La ofensiva desencadenada contra la ley del aborto por varias asociaciones cívicas de perfil conservador ha avivado en la comunidad laica el debate relativo a la necesidad de revisar la ley de 1985, que concreta en tres supuestos el derecho a la interrupción del embarazo, para sustituirla por otra de plazos. El objetivo es asegurar el cumplimiento de la ley, dejar a criterio de las mujeres la decisión de abortar y reforzar las garantías jurídicas del personal sanitario que practica los abortos.
Las muestras de solidaridad de varias administraciones con las clínicas abortistas y las mujeres que han pasado por ellas y la disposición apuntada por el PSOE de abrir el debate en el Parlamento, si el resultado de las próximas elecciones se lo permite, dejan pocas dudas sobre cuál será el ánimo con que en el futuro afrontarán la cuestión los segmentos sociales más liberales.
A esas señales hay que unir las declaraciones en parecido sentido hechas por Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, ambas minoritarias, partidarias de acabar con la discrecionalidad interpretativa.
Nadie debe alarmarse con la discusión. En el seno de una sociedad que consagra el pluralismo, la libertad de conciencia y la neutralidad del Estado en cuanto atañe a las creencias de los ciudadanos, lo sorprendente sería que las imperfecciones de una ley no pusieran en marcha los mecanismos para reformarla, aunque no sea del agrado de todos. Legislar sobre el aborto es regular un derecho, no pautar una obligación. Resistirse a ello en nombre de una pretendida superioridad moral es mero dogmatismo.
