El Iglesia católica tiene todo el derecho del mundo de defender sus convicciones morales, al igual que cualquier otra confesión respetuosa con la Constitución y las leyes. Es decir, que los congregados ayer en la plaza de Colón de Madrid para celebrar la eucaristía de la fiesta de la Sagrada Familia no hicieron otra cosa que ejercer un derecho, pero la organización convocante del acto, la Conferencia Episcopal Española, con su presidente a la cabeza, el cardenal Rouco Varela, soslayó un principio cívico de primer orden: el respeto y la consideración debidas a las opiniones ajenas.
Si así lo hubiese hecho, habría tenido ocasión de caer en la cuenta de que no hay en España propagandistas del aborto ni perseguidores del concepto cristiano de familia; hay un problema social acuciante --los embarazos no deseados--, la necesidad de hacerle frente sin dogmatismos y la obligación de los poderes públicos de informar a los jóvenes para que no confundan un recurso extremo --el aborto-- con un método anticonceptivo. Todo muy alejado de "la cultura del relativismo egoísta", en palabras de Rouco, y apegado al compromiso social que exhiben organizaciones católicas que ayer no estuvieron en la plaza de Colón.
