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Editorial

Abusos a niños, fracaso de Estado

 

La pederastia es un delito y cualquier ciudadano que la cometa, pertenezca a la institución que pertenezca, debe responder ante la justicia. Aquellos que sabiendo del abuso se lavan las manos, se convierten en encubridores de ese delito. La ley define perfectamente a los culpables y una sociedad libre y garante de los derechos humanos no puede permitirse rincones opacos que pretendan mantenerse al margen, regidos por una suerte de (in)justicia paralela.

Hace tres años, El Periódico de Cataluña recogió la confesión de un exprofesor del colegio Marista de Sants-Les Corts. La investigación animó a 43 exalumnos y alumnos de dos colegios de Barcelona y uno de Badalona de la misma orden a denunciar los abusos sexuales sufridos a manos de 12 profesores y un monitor de comedor a lo largo de 30 años. El silencio, al fin, estaba roto. Pero la luz aún no ha llegado a todos los rincones. Desde entonces, en las instituciones públicas apenas se ha hecho nada. No hay una comisión de la verdad en España, a semejanza de otros países. Del Govern de la Generalitat y el Parlament tampoco hay noticias. La institución Marista sigue gozando de un consorcio educativo.

Nuevos casos de pederastia nos han conmocionado estos días. La respuesta del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, atribuyendo los abusos que afectaban a su diócesis a «un mal momento» de los agresores, no deja de ser ilustrativa de la actitud esquiva con la que la institución eclesial recibe las denuncias cada vez más numerosas.

Más allá de palabras y medidas cosméticas, la Iglesia no asume la plena responsabilidad de los casos de pederastia que han ocurrido en su seno. Es posible que su reticencia no solo se deba a su milenario secretismo, sino al temor de enfrentarse a la responsabilidad civil subsidiaria que se derivaría de su encubrimiento.

Ante la dejación de la Iglesia, y de cualquier otra institución afectada por esta lacra, da igual credo o actividad, las instituciones deben actuar. Pero eso no ha sucedido, ni a nivel español ni catalán. Ahora, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado a la Conferencia Episcopal información de las investigaciones para llevarla a la fiscalía. Es un primer paso, pero arrojar luz sobre tantos rincones oscuros requerirá tiempo y determinación. El tiempo del silencio y la inacción ya pasó. El dolor de tantas víctimas exige luz y reparación. Y justicia.

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