El Ministerio de Economía, a través del Servicio de Defensa de la Competencia, se da por enterado de que el precio de una llamada desde teléfono fijo a otro móvil es desorbitado, sean o no ambos usuarios de la misma compañía. Esa anomalía la habían advertido desde la Comisión Europea hasta la CMT, el organismo español que vela por la libre competencia en el mercado de telefonía. La inspección formal que ahora empieza debió producirse antes. Pero ya que se hace pública, ha de servir para fijar criterios más duraderos en un mercado que aparenta más que demuestra ser competitivo.
No hay ninguna explicación técnica que justifique el precio actual por la conexión de un fijo a un móvil. Sólo se entiende por la sospechosa connivencia de Telefónica y Vodafone --líderes en móviles-- para dificultar la expansión de las empresas dispuestas a ofrecer servicios de telefonía fija. En el fondo, no estamos ante un problema de dominio exclusivo --y excluyente-- de determinados mercados, sino de algo más inquietante: la mala regulación del mercado de telefonía en España ha favorecido algunos intereses, aun a costa de retrasar el desarrollo de la sociedad de la información.
