Las grúas han vuelto a las calles y carreteras. La amenaza de complicar aún más la operación retorno iniciada el viernes era real. Tanto, que el Ministerio del Interior se encargó de recordar a las partes en conflicto que no iba a ceder un ápice en materia de seguridad vial.
También el Ministerio de Economía advirtió a las compañías de seguros de que no pueden dejar de atender sus compromisos con los usuarios afectados, que pagan sus pólizas por adelantado.
El conflicto entre aseguradoras y empresas de remolque --que abarca desde pymes hasta autónomos-- ha acabado en un acuerdo de crear una mesa de negociación y encargar un estudio independiente sobre el coste real del servicio de retirada y transporte de vehículos averiados. Se salva así el principio de libre competencia, amenazado por la pretensión de pactar tarifas.
Pero es extraño que primero se convoque un paro con el argumento de que los precios actuales causan pérdidas a las empresas de las grúas y las aseguradoras lo nieguen después para que al final unos y otros acaben reconociendo que no hay datos que avalen su postura. Se ha vuelto a jugar con los intereses de los usuarios de manera innecesaria.
