1027mujeres han sido asesinadas desde que en el año 2003 se inició el registro oficial de víctimas de violencia machista en nuestro país, una cifra que supera de largo a la de las personas asesinadas por la banda terrorista ETA en sus 40 años de existencia.

No trato con esta reflexión de comparar uno y otro horror, porque ningún horror es comparable, sino de dimensionar la envergadura de dos realidades frente a la que el conjunto de la sociedad parece no haber reaccionado con la misma contundencia.

1027, un número que encierra vidas truncadas, familias deshechas, proyectos personales rotos y el fracaso de una sociedad incapaz de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mitad de su población. Vidas, familias y proyectos personales que no conocen de fronteras, naciones, culturas, ni clases sociales y que no deben permitirnos como ciudadanos y responsables políticos descansar tranquilos.

1027 son las asesinadas, pero son muchas más las víctimas de las violencias que, en cualquiera de sus manifestaciones, sufren las mujeres en el mundo.

Las violencias machistas son la expresión más despiadada e inhumana de la desigualdad y, por ello, deben ser consideradas y combatidas como una cuestión de estado.

Atendiendo a esta cruel realidad, en el año 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto sin precedentes en la historia de nuestro país y que es la piedra angular y el instrumento fundamental del que disponemos las instituciones y la sociedad para luchar contra las violencias machistas. Una herramienta dotada de medidas y recursos para hacerles frente y que ha conseguido poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas en un asunto que debe ser el más importante que ha de afrontar cualquier sociedad democrática que se precie.

Pero la respuesta institucional con las medidas de protección y la intervención profesional de acompañamiento y recuperación de las mujeres víctimas de género no es suficiente para erradicar la violencia de género.

Es urgente acometer un cambio en la sociedad que afecte a todos los ámbitos de la misma y que, de una vez y para siempre, remueva las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de nuestro sistema. Un cambio, que pase no solo por acciones y medidas políticas, sino que genere un modelo capaz de acabar con las desigualdades históricas que se dan entre mujeres y hombres.

Debemos ir al germen, debemos ir a la educación. Y ahí, en la educación de nuestros jóvenes y en la preparación en perspectiva de género de quienes los educan, ha de existir esa mirada igualitaria que posibilite una sociedad libre de violencias contra la mitad de sus miembros.

Un modelo que pasa, sin duda, porque el sistema educativo contemple propuestas que eduquen en igualdad de género desde edades tempranas, ayudando a eliminar estereotipos y a prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro.

La celebración de este día de reivindicación y lucha nos permite comprobar la gran cantidad de personas involucradas en erradicar esta lacra, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, psicólogos, maestros, hasta las organizaciones de mujeres que fueron las que iniciaron esta lucha.

Quiero valorar la entrega y la implicación de todos y cada uno de ellos, de los profesionales y las organizaciones que han hecho posible alcanzar un nivel de conciencia en la sociedad sobre las violencias machistas y sobre la imperiosa necesidad de caminar hacia un país más igualitario, más justo y sin violencias contra las mujeres.

*Presidente de la Junta de Extremadura.