Sociólogo
En Extremadura en estos últimos tiempos, al igual que en otros puntos del país, se viene hablando muchísimo sobre el fenómeno del botellón y su problemática social en las vías públicas de nuestros pueblos y ciudades, dado que está produciendo serias dificultades para el desarrollo de una convivencia cívica normalizada. Incluso, las instituciones públicas competentes en el ámbito territorial extremeño colaboran de forma conjunta, de vez en cuando, para evitar en la medida de lo posible esas alteraciones del orden público, y prevenir el grave deterioro en la salud pública de miles de chicos y chicas que consumen alcohol y otras sustancias más tóxicas y adictivas, hasta altas horas de la madrugada en la calle.
No quisiera reiterar aspectos ya referidos en los múltiples estudios y análisis, más o menos pormenorizados, que han indagado sobre las causas y efectos de tal hecho social protagonizado por los jóvenes de hoy, y con la complicidad de sus adultos. Una vez más, sí quisiera aprovechar para hacer una llamada de atención entre los padres y las madres, sobre la escala de valores, las actitudes ejemplarizantes y las pautas conductuales que están transmitiendo a sus hijos, cuando se observa la afluencia de menores de edad que participan de este punto de encuentro callejero y nocturno, en el que el alcohol no siempre es el eje central del momento, pero que obligaría a que estos niños y adolescentes estuvieran bajo la tutela y protección de sus progenitores.
Dicho esto, quisiera desviar la atención de nuestras autoridades políticas para que reflexionaran durante unos minutos sobre la principal lacra social que está afectando con dureza a nuestros jóvenes, y que debiera combatirse con las mismas ganas que contra el botellón. Me refiero a la siniestralidad en el tráfico rodado con vehículos a motor, es decir, los accidentes de tráfico como principal causa de mortalidad y morbilidad entre la población juvenil española, y por ende, extremeña, que está diezmando cada fin de semana a tantos y tantos jóvenes de sus vidas ilusionantes. Y lo peor es la tragedia humana que origina en el seno de sus familias ante la pérdida inesperada y traumática de uno de sus miembros más jóvenes, es ese drama, difícil de compartir con otros seres queridos, que están padeciendo esas madres y padres huérfanos de sus hijos fallecidos.
Ante tales hechos, los responsables de organismos competentes en materia de tráfico debieran poner a disposición de la ciudadanía en riesgo de sufrir un accidente de tráfico, cualquiera de nosotros, los medios y recursos existentes y otros añadidos para sustraer cifras de ese balance negro con el que despertamos los lunes o tras un periodo vacacional, cuando recibimos la información transmitida por distintos medios de comunicación social. Incluso, ahora que el Gobierno de la nación y el Parlamento español están en proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado, podrían ampliar las partidas de fondos públicos destinados a cubrir estos conceptos de prevención activa y promoción de la seguridad vial. De este modo, se evitarán estos incidentes tan graves, que nos parecen ajenos y puntuales hasta que nos tocan personalmente, pero que alcanzan cifras como los 100.393 accidentes de tráfico (carreteras y áreas urbanas), 155.116 víctimas (muertos y heridos) y 5.517 conductores y pasajeros fallecidos, en nuestro país durante el año 2001; mientras que en Extremadura, fueron 1.543 siniestros, 2.612 víctimas, con un saldo de 159 personas fallecidas por accidentes de tráfico.
Ojalá las estadísticas que reflejan estimaciones numéricas se equivoquen durante estas navidades, para que no mueran 2O jóvenes más en nuestro país que engrosen estas cifras siniestras, y 5O puedan quedar postrados en camas y sillas de rueda por los traumatismos producidos en esos accidentes de tráfico previsibles.
También, sería conveniente que nuestra Administración autónomica cooperase junto con los ayuntamientos extremeños en hacer realidad la tasa de accidentes de tráfico cero, ejerciendo su papel institucional en las materias competentes (seguridad local, carreteras y otras vías de circulación, educativa, etcétera), y así, unificar criterios entre los poderes públicos implicados en esta acción gubernativa de interés general.
Por supuesto, no cabe duda que la concienciación y la promoción de la seguridad vial entre los conductores, pasajeros o peatones, resulta un elemento esencial para lograr esta meta social deseada por todos. Espero que éstas y otras palabras aviven la reflexión social.
