Lo es, acierto, la decisión de la Junta de quitarle a la Infanta Cristina el nombre del principal hospital de la región, en Badajoz. Se ha tardado año y medio desde que la hermana del actual Rey fuera condenada a una multa por haber hecho compras con una tarjeta de crédito del instituto Noos, con el que su marido hacía negocios que le han llevado a la cárcel de Ávila tras una condena de seis años y tres meses. La decisión está tomada y ya solo queda que pase este martes próximo por el Consejo de Gobierno, mediante un informe de la Consejería de Sanidad y Política Social, del que resultará interesante conocer cuáles son los motivos que se alegan para el cambio a lo que será ya ahora Hospital Universitario de Badajoz.
Este viernes decía el presidente del ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que prefiere una sociedad exigente para con sus políticos y dirigentes, que otra tolerante. Eso es lo que lleva a que fuera insostenible, año y medio después de la condena, el que trabajadores, pacientes y familiares paseen bajo un gran rótulo verde que sigue bautizando un edificio con el nombre de quien ha sido por sus actos, poco ejemplares y sospechosos en cuanto a conocedora de lo que hacía su marido, apartada de la familia real.
Viene ahora a referencia aquel intento del diputado náufrago de IU en la Asamblea de Extremadura, Víctor Casco -nadando entre las turbulencias de Pedro Escobar y Alejandro Nogales-, que hace ahora cuatro años propuso en una comisión del Parlamento regional quitarle tal hombre al hospital pacense. Por deseable que fuera el impulso, ahora con la perspectiva se ve más claro que aunque imputada, había que esperar a la condena judicial de la infanta. La propuesta no salió adelante por el voto en contra de PP y los regionalistas de Creex, basándose precisamente en que no era el momento y había que esperar. Bien, ha pasado año y medio, la condena está ahí y Urdangarín en prisión, y es interesante saber si el PP está ya de acuerdo en el cambio de denominación.
DE MOMENTO este sábado, aunque ha habido un pronunciamiento del PP de Extremadura, seguíamos sin saber si está de acuerdo o no, y probablemente nunca lo sabremos con claridad. Si están de acuerdo quizá eviten darle la razón a un PSOE que según el comunicado de la Junta no ve mayor problema económico en el cambio ya que ropa y material -toallas, sábanas, etc.- seguirán utilizándose hasta que se rompan; sí habrá que gastar sin embargo en cambiar el rótulo luminoso, pero más gasto moral supone para una sociedad mantener un homenaje público y de esa magnitud a quien la Justicia ha condenado y su propio hermano alejado.
Es acertado y ejemplar obrar así, al igual que las dimisiones de quienes en el Gobierno actual han sembrado dudas en la ciudadanía con máster y conductas fiscales. Se impone ya como obligación un escrutinio previo muy detallado de las obligaciones ciudadanas de todo candidato a muy altos cargos, y aquí en Extremadura hay ya un modestísimo ejemplo con los responsables de la administración autonómica que se someten en una comisión de la Asamblea a un pequeño examen por parte de la oposición. España tiene un problema de gasto público, pero también y sobre todo de ingresos, de eficiencia fiscal según algunos analistas. El problema ya no es solo el esqueleto del sistema tributario, sino las infinitas rendijas por las que se cuelan las ingenierías de perspicaces bufetes jurídicos al alcance de unos pocos, que vía desgravaciones, bonificaciones, sociedades pantalla, fundaciones, y mil argucias más, hacen que el cliente pague menos de lo que pagaría si no fuera por eso.
A las que se ha acogido al parecer el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y eso no está bien. No nos vamos a poner estupendos y negar que cualquiera querría hacerlo, el problema es que se pueda hacer; que se permita que una segunda residencia para uso particular se la ceda uno a sí mismo ahorrándose el pago del IRPF por la renta teórica de la misma, y el 25% del impuesto de sociedades si hay un pago por ese uso. Todo eso no quita, claro, para toparse con que en los últimos años la derecha española no admite ninguna derrota electoral, y al presidente actual y legítimo del Gobierno lo llamen sin más “okupa”.
