Todo indica que, esta vez sí, la izquierda aberzale va a quedar totalmente fuera de la convocatoria electoral del 9 de marzo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha iniciado los trámites preceptivos que pueden conducir a la suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), las dos siglas que han aparecido ante la sociedad como las herederas de la ilegalizada Batasuna. Garzón se basa en los informes que les han hecho llegar la Policía y la Guardia Civil y que vendrían a demostrar que existe una estrecha relación en el plano financiero entre las dos formaciones investigadas y Batasuna, hasta el punto de que se ha podido comprobar sin lugar a dudas que ha existido una caja única, controlada además por el dirigente de Batasuna Joseba Permach, actualmente en prisión, desde la que se hacían pagos para la organización de actos públicos de la formación ilegal.
Dejar fuera del juego político a un partido es una decisión de extrema gravedad e importancia en una democracia; no en vano la Constitución consagra los partidos como las instancias que vehiculan una de las bases de una sociedad de libertades, que es la participación política. Por eso es extraordinariamente conveniente que los argumentos jurídicos sean lo suficientemente contundentes como para no dejar resquicio a la duda de que la suspensión de un partido sea una decisión puramente política adoptada por el Gobierno, y no un asunto estrictamente legal. En este caso parece que hay suficientes evidencias para pensar que las subvenciones del Estado a ANV y PCTV eran desviadas para financiar la actividad del entorno de la banda terrorista ETA. De hecho, han sido detectadas transferencias a cuentas de militantes de Batasuna en Francia y Bélgica y se ha documentado que numerosos miembros de la mesa nacional de Batasuna están en nómina de las organizaciones todavía legales.
Será ahora el Tribunal Supremo el que deba decidir la suspensión cautelar de las actividades de ANV y PCTV, lo que les impediría participar en las elecciones generales de marzo. Paralelamente, Garzón oirá el próximo día 4 a los representantes de las partes implicadas --el Estado, dos organizaciones de víctimas y los representantes de ambos partidos sospechosos-- y decidirá a continuación si procede adoptar también con ellos la suspensión, la misma medida que ya adoptó con Batasuna.
El Gobierno, tras el Consejo de Ministros, facultará hoy formalmente a la Abogacía del Estado para que promueva la suspensión cautelar de estos partidos, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha instado al fiscal general a que actúe en la misma dirección. Queda la duda razonable de si en este acoso judicial a la izquierda aberzale no ha pesado en exceso la coyuntura política, muy condicionada por las elecciones inmediatas y por el fallido proceso de final dialogado de ETA.
