WLw a respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a la pregunta que le dirigió el juez Garzón enmienda en parte el curso de la investigación abierta por este a una presunta trama de corrupción en los aledaños del PP, pero no rescata de la sospecha a varios cargos electos del partido en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Al requerir el envío a los tribunales superiores de justicia de ambas autonomías la exposición razonada redactada por Garzón, da a entender que existen indicios razonables de responsabilidad de varios aforados autonómicos. Al no hacer extensiva al Supremo la elevación de las actuaciones, la fiscalía subraya sin decirlo que Garzón carece de indicios consistentes para imputar a algún miembro del Congreso, del Senado o del Parlamento Europeo. Esto es, excluye de la lista de posibles encausados, entre otros, al senador Luis Bárcenas, responsable de las finanzas populares. Deducir de todo ello que Garzón ha errado el tiro, como ha intentado demostrar el PP desde el primer momento, resulta tan aventurado como no descubrir puntos débiles y zonas de sombra en la investigación abierta por el juez. La relevancia política de las personas que siguen bajo sospecha --encausadas o no-- tiene entidad suficiente para esperar de Rajoy una operación de limpieza a fondo y de exigencia de responsabilidades más que una huida hacia adelante de dudosa utilidad. Y, en idéntico sentido, es de desear que Garzón entienda que tan importante es la fundamentación jurídica de la causa como tener sentido de la medida.
