La disconformidad de los tres grupos de la oposición en el Parlamento de Extremadura permitió ayer que continúe su trámite parlamentario el proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, que plantea la expropiación temporal y sanciones a las entidades financieras que tengan viviendas vacías. Tanto el PP como Ciudadanos han considerado que el proyecto de ley tiene preceptos con visos de «inconstitucionalidad» pues pretende regular un derecho, el de propiedad, que solo puede ser regulado por una ley general en el país, vulnerando así el principio de igualdad, como advierte el Consejo de Estado en un informe al respecto. Podemos, por su parte, con texto alternativo, ha entendido que la ley se queda corta y pretendía que se recogieran aspectos como la dación en pago (cuando se salda la deuda con la entrega de la vivienda) y la mediación en los casos de alquiler privado. El PSOE respira tras el ‘no acuerdo’ del resto de los grupos y cumple así con una promesa electoral de «desahucios cero» en la región. Sin embargo, debe estar más que seguro que la ley, tumbada en otras comunidades en el Constitucional, no sufrirá aquí el mismo destino, en cuyo caso será un jarro de agua fría mayor.
