TLtas importantísimas detenciones de etarras en España y Francia, entre ellos dos históricos como Julen Madariaga e Iturbe Abasolo , hasta una docena, que cancelan el aparato de extorsión de la banda, y ello justo en las vísperas del anuncio de Zapatero del comienzo de las conversaciones con ETA, son la mejor prueba de que es falsa la propaganda de la extrema derecha en el sentido de que aquí se hace lo que dice ETA o de que el Estado de Derecho ha dejado de funcionar. Pese a que el Estado sigue funcionando igual --21 detenidos desde el alto el fuego, celebración de los juicios contra etarras, señeramente ahora el de los asesinos de Miguel Angel Blanco -- y pese a las innumerables tergiversaciones de la realidad, nada va a detener la decisión del presidente del Gobierno de seguir adelante con la hoja de ruta para acabar definitivamente con el terrorismo. Y todo ello con el máximo respeto a las víctimas, como acaba de proclamar el lehendakari, que les pide perdón por la lejanía de otros tiempos.
El proceso de paz tiene que seguir porque eso es lo que exige la sociedad española y es lo que garantizará que no haya más víctimas en el futuro. La Justicia y el Estado de Derecho no van a quebrar en absoluto. Es preciso que se aplique el principio general del Derecho contenido en el preámbulo del Código Civil en el sentido de que la interpretación y la aplicación de las leyes han de tener en cuenta la realidad social del momento. Los jueces y las autoridades de todo tipo han de tener en mente facilitar el objetivo de la paz y no prejuicios de inflexibilidad o de satisfacción de intereses partidistas o ideológicos incompatibles con el proceso de pacificación. Aquí, además de la colaboración de algún medio internacional especialista en procesos de paz, no vendría mal que la Iglesia española echara una mano, en lugar de agitar pasiones, como hace un sector de los obispos con el manido asunto de la unidad nacional, que sólo ellos ven en peligro, además de los sectores extremistas antes aludidos.
*Periodista
