A Guillermo Fernández Vara se le ha atragantado nuevamente esa Agenda del Cambio que prometió cumplir ante notario. Y es que cuando en ella se refiere a la profesionalización de la función pública, en realidad de lo que nos está hablando es de la profesionalización de la Junta de Extremadura como una auténtica agencia de colocación de socialistas.

No en vano, tiene una experiencia de más de 30 años.

Ustedes pensarán que nuevamente estoy hablando de Gisvesa y su plantilla repleta de cargos y excargos socialistas. Pero se equivocan porque lo de Gisvesa no es un hecho aislado.

Esta semana hemos conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que nombraba a la exalcaldesa socialista de Táliga como directora del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, justificándolo, entre otros motivos, en que no se cumplían las bases de la convocatoria, no se motivó la valoración de los apartados de su experiencia profesional, ni tampoco su proyecto ni entrevista.

La sentencia critica que se valore para un puesto de carácter técnico, las funciones que la exalcaldesa socialista desempeñó en su día como edil, diputada provincial o como trabajadora eventual en la Diputación de Badajoz.

No debemos llevarnos a engaños. La Ley de Función Pública de Extremadura, aprobada por el Gobierno de José Antonio Monago, dice que la designación de los puestos de alta dirección profesional se hará atendiendo a los principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

Obviamente, nada de esto se ha cumplido, y por ello el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sentencia en contra de este acuerdo de nombramiento.

Pero ahora nos queda la duda de si sobre el resto de los nombramientos se ha seguido la misma pauta. Por ello, el Partido Popular ha solicitado que se revisen todos los nombramientos de directivos de los entes públicos de la Junta de Extremadura.

Sospechamos que se han seguido las mismas pautas que en el caso que tratamos en estos momentos y no vamos a rendirnos ante la tiranía del silencio.