La nueva ofensiva contra los conductores que incurren en delitos contra la seguridad vial puede tener efectos colaterales imprevisibles. El primero de ellos es el colapso en el sistema judicial ante la avalancha de juicios derivados de la reforma del Código Penal.

Más de 1.000 automovilistas han sido detenidos en España, casi todos ellos por conducir con un índice de alcohol superior a 0,6 miligramos por litro, tasa en la que se fija el delito penal. Eso quiere decir que si se sigue a este ritmo, el número de arrestados puede llegar a 30.000 al año, una cifra que puede suponer una presión insoportable sobre unos juzgados que ya están sobrecargados de trabajo.

Es posible que el efecto intimidatorio que tienen los controles de alcoholemia hagan que las cifras de detenidos vayan a la baja, pero en el mes de mayo se añadirán a las listas de sancionados por vía penal los conductores que circulen sin carnet, que pueden ser varias decenas de miles.

La reforma del Código Penal ha tenido un impacto sobre la conciencia de los conductores muy superior al de la entrada en vigor del carnet por puntos.

Muchos ciudadanos han tomado medidas durante las fiestas navideñas, especialmente propensas para el consumo de bebidas alcohólicas, para no verse sorprendidos por un control. El miedo a soplar está presente estos días en todas las conversaciones entre una ciudadanía que se siente atosigada por el Estado.

Es evidente que hay que frenar las conductas irresponsables al volante y está probado estadísticamente que el consumo de alcohol y drogas está detrás de muchos accidentes graves (el hecho de que más del 90% de las detenciones estén siendo por alcoholemias positivas pone de relieve también que en España se bebe mucho y que, pese a todas las campañas de concienciación, el binomio alcohol y conducción continúa siendo algo común). Pero la dureza con la que el asunto se está abordando era desconocida en España.

Multas de más de 1.000 euros, retiradas del permiso de conducir por largos periodos y riesgo de poder ingresar en prisión han convertido la batalla por la seguridad vial en una pesadilla para muchos conductores habituados a sentarse al volante después de una comida o una cena.

Todavía es pronto para ver cómo va a incidir esa política de tolerancia cero en la siniestralidad. El ministro del Interior señaló ayer que es posible cerrar el año 2007 con menos de 3.000 muertos --cifra, en cualquier caso, estremecedora (Extremadura, por ejemplo, ha registrado desde el viernes 94 accidentes de tráfico, con 48 heridos leves, cuatro graves y ningún fallecido, y Badajoz duplica los siniestros de Cáceres)--, cuando al principio de la legislatura había 4.000 muertos al año. Es un logro plausible. Pero a largo plazo la educación vial tiene que llegar por más caminos que el de la pura y simple amenaza.